Los docentes interinos vuelven a las protestas para exigir estabilidad

En la última década, más de 18.000 profesores de enseñanzas no universitarias fueron contratados por la Administración educativa andaluza para, entre otras cuestiones, hacer frente a la demanda de recursos humanos que generó la implantación de la LOGSE y los cambios que esta ley introdujo en el sistema educativo, como fue ampliar la edad de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años. Estos docentes fueron contratados bajo la figura de funcionario de empleo interino, recogida en la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964 para las situaciones de urgencia y necesidad. Una figura que, según denuncia el Sindicato Andaluz de Docentes Interinos (SADI), se ha ido desvirtuando con el paso de los años hasta convertirse en la vía de entrada a la precariedad en la función pública.

Reivindican un plan de consolidación laboral similar al anunciado para la sanidad

'Los docentes interinos nos incorporamos a las bolsas de trabajo controladas por la Administración y los sindicatos y contribuimos a la consolidación del sistema educativo. A cambio, seguimos soportando una gran precariedad laboral, una situación discriminatoria tanto en derechos laborales como salariales respecto al resto del personal docente y una alta movilidad geográfica y funcional' explica José Antonio Quirós, portavoz del SADI.

Precariedad que se traduce no sólo en no disponer de un empleo fijo después de tantos años, 'sino en la imposibilidad de poder desarrollar un proyecto familiar mínimamente estable', afirma Quirós, quien exige a la Administración andaluza que haga frente a la deuda histórica que contrajo 'con toda una generación de titulados' y que ella misma alentó conformando en su día una 'profesionalización de la interinidad'.

Una deuda que los docentes interinos tienen muy claro cómo han de saldar las administraciónes: ejecutando un plan de estabilidad laboral y empleo y promoviendo un nuevo sistema de acceso a la función pública docente donde la experiencia sea una pauta real de selección. 'La experiencia acumulada durante todos estos años puede rentabilizarse cuando los docentes interinos tengan estabilidad definitiva en su puesto y no tengan que soportar la presión y la incertidumbre constante que supone tener pendiente de un hilo su continuidad en un centro', dice el portavoz de SADI, quien aboga porque se garantice el mantenimiento de los puestos de trabajo que ocupan los interinos mientras se alcanza el nuevo modelo de acceso a la función pública.

Pero para conseguir tal objetivo muchas cosas han de cambiar en opinión del SADI, que advierte de la problemática laboral que se avecina si no se acometen estos planes que garantizarían la estabilidad de este colectivo. En junio de 2002 entrará en vigor la Directiva europea 1999/70/CE relativa al acuerdo marco sobre trabajo de duración determinada, norma que, si bien no es vinculante, exigirá a los distintos gobiernos europeos que impidan la continuidad del trabajo interino a partir de esta fecha, al entender el Consejo de la UE que éste supone una clara evidencia de discriminación laboral.

Por eso, los profesores interinos no dudan en solicitar a las administraciones que impulsen un plan de consolidación de sus empleos similar al que se aplicará a los interinos de la sanidad. 'El plan que se va a aplicar a los interinos de la sanidad ha sido fruto del consenso político y supondrá solucionar su inestabilidad laboral. Por eso, si la Junta no hace lo mismo con los docentes estaría cometiendo un agravio comparativo', explica José Antonio Quirós. 'Las condiciones laborales que sufre este colectivo serían ilegales en cualquier empresa privada, ya que después de muchos años trabajando al servicio de la administración no cobramos antigüedad, no tenemos derecho a consolidar nuestros puestos de trabajo y no existe ninguna normativa que regule esta situación', denuncia el portavoz de SADI.

De ahí su solicitud para que se cree de forma inmediata un plan de generación de empleo que incluya la cobertura plena de todas las bajas; la disminución de la ratio, medida que fomentaría la creación de puestos de trabajo; la reducción de la carga horaria lectiva del profesor-tutor; el incremento de la oferta de ciclos formativos de grado medio, así como desarrollar los planes de garantía social y el desdoblamiento de actividades como talleres, laboratorios e idiomas.

Además, los docentes interinos solicitan a las administraciones que promuevan la jubilación LOGSE, es decir, que se comprometan a facilitar a los docentes mayores de 60 años o con 30 años de cotización la jubilación anticipada, asegurándoles el máximo de sus retribuciones, medida con la que se agilizaría la composición de las plantillas del profesorado.