Dos hijos del presidente de la FARA se entregan y quedan en libertad con cargos tras declarar ante el juez

Dos hijos del presidente de la FARA, Vicente Rodríguez Arribas, -en prisión por haber utilizado supuestamente la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía para desviar subvenciones y blanquear dinero- se entregaron el sábado pasado a la policía. Josefa R.P y Justo R.P. estaban en busca y captura desde el día 6 de noviembre, cuando se practicaron las primeras 12 detenciones del caso.

Ambos acusados fueron inmediatamente puestos a disposición del juzgado de guardia, que precisamente era el número 7, que investiga los presuntos delitos cometidos a través de la organización.

Tras prestar declaración durante algo más de una hora, ambos fueron puestos en libertad con cargos, pero no tuvieron que abonar fianza. Justo R.P. y Josefa R.P. están acusados de blanqueo de dinero, amenazas, y malversación de fondos públicos.

Con ellos son seis los miembros de la familia de El Querillo, del clan de Los Charros, imputados en la causa. Vicente Rodríguez Arribas, que está en la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga) desde el viernes 9 de noviembre pasado; su esposa, Josefa P.; y cuatro de sus hijos, María del Carmen, Carlos, Justo y Josefa R.P. Estos últimos cinco acusados están todos en libertad con cargos, pero sin fianza.

Según trascendió, los hijos que se entregaron el sábado se declararon inocentes ante el juez y manifestaron que desconocían las actividades delictivas que se le imputan a su padre. Por su parte, la defensa de Vicente Rodríguez avanzó que la próxima semana solicitará la excarcelación de su cliente ya que 'no hay pruebas directas en su contra, sino meras conjeturas'.

La investigación policial sin embargo concluye que de los 1.000 millones de subvenciones que recibió la FARA en los últimos años, unos 300 millones fueron desviados a cuentas particulares de directivos de la federación y que incluso unos 60 millones que debían destinarse a apoyo social al pueblo gitano fueron invertidos en obligaciones del Estado.

El juez que investiga el caso, Pedro Molero, ha enviado requerimientos a los registros de la Propiedad y Mercantil, para conocer las propiedades de la familia. También ha ordenado una auditoría judicial de la federación que deberá precisar el volumen de los presuntos desvíos así como sus destinatarios.