Dos jueces, la Audiencia de Bilbao y un fiscal califican de irregular un crédito del Santander

El Tribunal Supremo decidirá finalmente sobre la actuación del entonces Banco de Santander con un comerciante de la localidad vizcaína de Leioa, después de que dos jueces, la Audiencia de Bilbao y un fiscal hayan calificado de irregular una operación crediticia realizada hace ya 11 años. Los demandantes, que llevan siete años de litigio con la entidad bancaria, acusaron al banco de presunta estafa, falsificación de documento público y fraude a la Hacienda foral debido al cobro erróneo de las cuotas de una cuenta de crédito. Sin embargo, la vía penal ha sido desestimada por varias instancias judiciales.

Este caso empezó en 1990 cuando los demandantes (A.E.O. y su esposa M.A.C.O., dueños de un comercio en Leioa) pidieron al Banco Santander (ahora SCH)de esta localidad una cuenta de crédito, operación crediticia diferente al típico préstamo o crédito, puesto que no supone la disposición de todo el dinero inmediatamente, sino según decide el cliente. Con ello, al principio sólo se pagan los intereses de la cantidad dispuesta, que en este caso ascendía a 13 millones.

Los problemas se suscitaron en 1993, cuando la pareja apreció que las cuotas mensuales eran superiores a lo estipulado y, tras lograr una copia de la escritura, a lo que se resistió el banco durante un año, comprobaron que en ella se 'habla de préstamo, cuenta de crédito o crédito' para referirse a la misma operación. Ante ello, según la denuncia presentada, el Santander llegó a reconocer el fallo de las cuotas en un principio y lo achacó a un error informático; luego las rectificó, pero no debidamente, según los afectados, y llevó el tema a los juzgados. Para entonces, el Santander inscribió a la pareja de comerciantes -que tras abonar 34 cuotas mensuales dejaron de pagar- en el servicio de control de morosidad de las entidades bancarias españolas, la ASNEF.

En mayo de 1994 los acontecimientos se precipitaron cuando el Santander dio por cerrada la cuenta de crédito y pidió la liquidación previo pago de 15 millones. Dos meses después presentó la primera demanda judicial en los juzgados de Getxo contra la pareja de Leioa, que fue desestimada porque el 'cuadro de amortización del banco no coincide realmente con las cantidades realmente cobradas', según consta en el fallo de marzo de 1995. El Santander no recurrió y la sentencia se convirtió en firme. Pero en mayo de 1995, volvió a la carga y planteó otra demanda en otro juzgado de Getxo, que volvió a desestimarla al considerar que la 'deuda no está probada'. Además, el juzgado determinó que la escritura de la cuenta de crédito 'recogía cláusulas incompatibles' y obligó a cancelar la inclusión en el listado de morosos 'que no puede tacharse sino de arbitraria'.

El caso llegó hasta la Audiencia de Bilbao, que, en una resolución dictada en marzo de 1999, volvió a dar la razón a los dos clientes y calificó la actuación del Santander como 'un auténtico despropósito de principio a fin, impropio desde luego de un banco de esa importancia'.

Los demandantes, que además de esta vía civil, han llevado su denuncia por el trámite penal han visto cómo se han desestimado sus reclamaciones. Primero fue la Fiscalía del Tribunal Superior vasco, que, tras un año de investigaciones, archivó en 1998 los hechos al no ver motivos de infracción penal. Luego, a principio de este año la Audiencia Nacional lo sobreseyó por entender que no era de su competencia.

Ante ello, en febrero tramitaron la denuncia ante un juzgado de Getxo, el cual, 'sin ni siquiera llamarnos a declarar', archivó la causa en junio por no existir 'elementos suficientes en la denuncia presentada'. La última resolución ha sido de la Fiscalía de Bilbao. Ante el recurso a la denuncia en Getxo, la fiscalía confirmó el pasado septiembre que 'los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal alguna' y estimó que 'se trata más bien de irregularidades cometidas por el Banco de Santander, que en su caso podrían ser denunciadas ante el Servicio Jurídico de Reclamaciones del Banco de España'.

Según los afectados, el Banco Santander ha tenido una 'práctica monopolística', ya que obligó a 'cumplir unas condiciones contradictorias' en la escritura y 'se nos impidió el derecho a subrogar' la operación con otro banco. El Santander Central Hispano no atendió los requerimientos de este diario para dar su versión.