No lo ocultes más, mujer

El recuento estadístico de la violencia de género este año sigue siendo una letanía de tragedias que hace saltar todas las alarmas. Cada semana muere una persona, a veces dos, a manos de su pareja sentimental. Según los datos de las organizaciones de mujeres que se ocupan del problema, en septiembre pasado ya eran 55 las españolas que han perdido la vida en 2001 a causa de lo que eufemísticamente se conoce como violencia de género y que no pocas líderes femeninas ya llaman sin tapujos terrorismo de género.

En los doce meses de 2000 fueron asesinadas en sus hogares 72 mujeres, y otras 77 el año anterior. Además, de enero a agosto pasados, 16.194 mujeres habían sobrevivido a las palizas de sus compañeros y se atrevieron a denunciar el atropello en alguna comisaría de policía. Raro atrevimiento, lleno de coraje y sentido cívico, pues el propio gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en un estudio titulado Problemática jurídica derivada de la violencia doméstica, reconoce que 'aproximadamente en el 50% de los supuestos en que se presenta denuncia' el macho agresor sale absuelto y libre para proseguir, y probablemente arreciar, sus maltratos hasta provocar, en muchas ocasiones ya famosas, la muerte de su pareja.

El Poder Judicial reconoce que en el 50% de los juicios los maltratadores salen absueltos, con gran riesgo para la mujer que tuvo el coraje de denunciar

55 españolas han perdido la vida este año, hasta septiembre, a causa de lo que eufemísticamente se conoce como 'violencia de género'

El primer plan de choque del Gobierno prestó atención a 141.586 mujeres en 918 centros para maltratadas, pero no logró reducir el número de asesinatos

La consecuencia lógica de esa impunidad criminal es que sólo se denuncian 'entre el 5% y el 10% de las agresiones que realmente tienen lugar en el seno de la familia', añade el gobierno judicial. A pesar de esa circunstancia, el año pasado las comisarías tramitaron 22.385 denuncias, 1.185 más que en 1999.

'Desamparo e impunidad'

'Constituye un hecho objetivamente constatable en la actualidad la sensación de desamparo que padecen las víctimas de este tipo de delitos y, paralelamente, la de impunidad que acompaña a los autores de este tipo de agresiones', sentencia el CGPJ. Y pone en la balanza de la vergüenza los motivos de ese desamparo judicial: el reducido número de sentencias condenatorias que se dictan en relación con el número real de agresiones, y la ya tópica tardanza de los magistrados en resolver las denuncias que están obligados a sustanciar.

Y eso porque algunos jueces -como gran parte de la socie-dad- estaban hasta ahora acostumbrados a despachar como un asunto interno y privado -es decir, como cosas de familia- las escasas denuncias de violencia contra una mujer en su hogar, a manos del marido, del padre, de los hermanos, e incluso del amo en el caso de empleadas domésticas.

Sólo el escándalo de las muertes y la presión de las organizaciones feministas han dado una vuelta radical a esa tendencia de mirar para otro lado. Hoy nadie con sentido común duda de que se trata de una cuestión de derechos humanos y políticos. Y tampoco se discute que esa violencia de género tiene sus raíces en la discriminación, y a su vez la refuerza. Por eso, las dirigentes de las organizaciones feministas se declaran en pie de guerra contra una lacra social que no tiene fin. Hoy celebran en toda España, con cientos de actos y decenas de manifestaciones, el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, instituido en 1981.

'Estamos desbordadas', asegura Consuelo Abril, presidenta de la Comisión Nacional de Malos Tratos. Desbordadas por la tarea y hartas de decepciones y recelos, pero convencidas de que la presión no debe ceder. La frenética actividad de Consuelo Abril es un ejemplo de lo que esta semana han desplegado sus compañeras de trinchera: acababa de llegar de Sevilla y viajó al día siguiente hacia Bilbao, con un día de descanso en la batalla para atender su despacho profesional en Madrid.

918 centros de acogida

Sin este voluntarioso ejército de combate contra los maltratadores, que agrupa ya a tres centenares de organizaciones y ha logrado la habilitación de 918 centros de acogida para maltratadas en toda España, nada sería igual en la ofensiva del Estado democrático contra una violencia que Miguel Lorente Acosta considera 'estructural'. 'Esta situación ha estado presente siempre en la sociedad, y ha llegado hasta nuestros días de manera prácticamente invariable en su esencia', dice este forense y profesor de Medicina Legal en la Universidad de Granada.

Lorente acaba de publicar un libro demoledor, Mi marido me pega lo normal, y sostiene que la sociedad ya ha reaccionado 'para apartar de la vida pública unos hechos que serían, desde cualquier punto de vista, inadmisibles e inaceptables: la utilización de la violencia por parte del hombre sobre la mujer como un mecanismo de control y para perpetuar una sitación desigual en la que la mujer está sometida a los mandatos masculinos'.

Lo malo es que los sentimientos machistas y de dominación, en el caso del hombre, y el paralelo sentimiento de sumisión y culpa que padecen muchas mujeres tienen raíces profundas y extendidas. Un estudio realizado por la Comisión Europea en los 15 países de la UE indica que el 46% de los ciudadanos europeos todavía piensa que la violencia doméstica se debe a la actitud provocativa de la mujer. Ni siquiera Simone de Beauvoir, en su ya clásico libro sobre el segundo sexo, pudo imaginar tal grado de incomprensión y desamparo, o la tragedia, el horror y el sinvivir diario de casi dos millones de mujeres vejadas y maltratadas en España cada año, e incluso apaleadas, estranguladas, quemadas vivas, acuchilladas o precipitadas por la ventana.

Más datos terribles: el 90% de los casos de maltrato pasan desapercibidos para la sociedad -aunque es seguro que los vecinos los conocen-; un alto porcentaje de los suicidios de mujeres se registra entre las que han estado sometidas a una situación de maltrato (entre el 20% y el 40% del total); y, como si se estuviera hablando de cifras de manifestantes universitarios, siempre existe una gran diferencia entre los datos de víctimas que ofrece el Ministerio del Interior y las cifras que facilitan las asociaciones de mujeres sumergidas día a día en el problema. Manuel Lorente ha echado cuentas y le sale esta macabra discrepancia: según los datos ministeriales, en los últimos cuatro años, la media anual de mujeres asesinadas es de 39, y según las asociaciones, esa cifra se eleva hasta 73 víctimas por año.

Las causas de estas gruesas diferencias son diversas -inadecuada recogida de datos, la muerte diferida de algunas mujeres brutalmente agredidas por sus parejas, que Interior en ocasiones no contabiliza hasta que se produzca una decisión judi-cial-, pero no deben despistar sobre la magnitud del problema: ambas partes coinciden, en cambio, en el número de denuncias por maltrato que se presentan anualmente y, también, en que las cifras no paran de crecer año tras año. Hasta agosto de 2001, el incremento es del 6,8%, según Interior, y las asociaciones de mujeres no discuten el cálculo, pero sí lo juzgan como indicio seguro del fracaso de las medidas legales y judiciales adoptadas hasta ahora.

'Mal y de manera insuficiente'

'Tenemos ya la suficiente acumulación de experiencias, en el terreno legal, judicial, policial, social, sanitario y educativo, para expresar claramente que este fenómeno se está abordando mal y de manera insuficiente', sostiene la ex senadora Ana María Ruiz Tagle, presidenta del Consejo Social de la Universidad de Sevilla. En su opinión, 'a la mujer se la maltrata por el solo hecho de ser mujer, como una forma de ejercer el absoluto control sobre ella, ya sea en el mundo privado o en el público'.

La respuesta al problema exige lo que Ruiz Tagle llama Ley Integral sobre la Violencia de Género como mejor camino, en un Estado de derecho, para poner orden en este 'conflicto de intereses' que atenta contra 'valores constitucionales'.

En la misma dirección apunta Consuelo Abril. 'Me parece una auténtica vergüenza que no se haga una ley integral que coordine todas las medidas. Es algo que existe en 44 países', afirma la presidenta de la Comisión Nacional de Malos Tratos, después de sentenciar como 'parche para el desaguisado' el II Plan contra la Violencia Doméstica, lanzado a bombo y platillo por el Gobierno en mayo pasado.

La idea de estas expertas es que se avanzará poco sin una ley integral que sancione estas conductas antijurídicas, que proteja a las víctimas, que garantice su total seguridad y que consagre el rechazo social que toda conducta delictiva supone de atentado a la convivencia pacífica y democrática.

La necesidad de radicales cambios legislativos le parece a Enriqueta Chicano, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, un primer paso, pero debe haber otros que afecten incluso a los 'discursos al uso' y a los medios de comunicación, que 'suelen presentar la violencia contra las mujeres como un virus que infecta a ciertas partes de la sociedad, pero nunca cuestionan la estructura social como portadora de la enfermedad'. Al 'basta ya a la impunidad' proclamado por Ruiz Tagle para advertir de que 'la sociedad española siente que es atacada y agredida en su propia esencia por este otro terrorismo que se cobra cada semana una nueva víctima', Chicano añade la idea de 'tolerancia cero' contra este tipo de violentos, y en todos los frentes. Las tres han aportado sus ideas a una propuesta que la Secretaría de Igualdad del PSOE, que lidera Micaela Navarro, ha presentado en sociedad con el título Una respuesta global frente a la violencia hacia las mujeres.

Frente a esas propuestas, el Gobierno y el PP contraponen el II Plan de choque con la promesa de reforzar, en el tiempo de su vigencia (2001-2004), algunas medidas legislativas ya tomadas. Respecto al balance del primer plan, ejecutado entre 1998 y 2000 con un presupuesto de 8.004 millones de pesetas, se sabe que prestó atención a 141.586 mujeres en 918 centros para maltratadas, pero que, en cambio, no logró reducir el número de asesinatos (nueve más) ni el de denuncias (3.000 más). Otro dato para la crítica es que, frente a la aparatosidad mediática de la presentación, a cargo del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, el dinero destinado al segundo plan ofrece una subida a la baja, es decir, aumenta de 8.004 millones a 13.072 millones, pero en lugar de una vigencia de dos años, como el primer plan, tendrá que atender necesidades para cuatro ejercicios.

Como un bocadillo

A medio camino de esas dos posiciones (la triunfalista oficial y la muy crítica de las organizaciones de mujeres y de los partidos de la izquierda), el profesor Manuel Lorente, quizá el hombre que más ha estudiado el tema en España, advierte de que 'el problema continúa' y de que, 'aunque se haya podido modificar en algunas de sus manifestaciones, la esencia sigue siendo la misma'. 'La violencia contra la mujer, y la violencia en general, ha de comerse como un bocadillo. Necesitamos una tapa superior dada por las medidas coactivas y punitivas de la ley, pero también una tapa inferior formada por medidas preventivas. Sin alguna de ellas, el contenido caerá, por arriba o por abajo, y al final el problema persistirá', dice.

Lo que reclama Lorente, volando alto, es que hay que ir al origen de las causas: romper la idea, consciente o subconsciente, del hombre que aporta estabilidad, control, seguridad y orden en el hogar, mientras la mujer 'debe ofrecer obediencia y sumisión', los mismos criterios que se les pide que aporten unos y otras a la sociedad. 'La solución pasa, sin lugar a dudas, por el derribo o la modificación de la estrucura que protege y da cobertura a este tipo de conductas y actitudes', concluye.