Una ventanilla única centralizará el control medioambiental de las industrias

Unos 4.000 centros productivos tendrán que adaptar su política medioambiental antes del 31 de octubre de 2007 para cumplir la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC por sus siglas en inglés) cuyo anteproyecto aprobó ayer el Consejo de Ministros. La medida, presentada por el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, prevé sanciones de hasta 2 millones de euros (332 millones de pesetas) para quienes violen la normativa. La ley establece la creación de una ventanilla única para coordinar los permisos y controles de las industrias.

Aparte de las sanciones monetarias, la ley prevé el cierre temporal o definitivo de las instalaciones, y la inhabilitación por un periodo de hasta dos años de los empresarios responsables.

La ley es la transposición de dos directivas europeas, y su objetivo es 'prevenir, evitar, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo', de una manera integrada. También pretende disminuir la lluvia ácida, proteger el ozono y favorecer el cumplimiento del Protocolo de Kioto. Matas aventuró que la reducción de emisiones podía llegar al 10%.

La autorización ambiental tendrá una validez de ocho años. Según el Ministerio, España es uno de los países donde más autoridades intervienen para conceder un permiso. Con la nueva ley, un único órgano en cada comunidad será el encargado de las autorizaciones.

Además del control medioambiental, la ley persigue mejorar la eficacia de las empresas, obligándoles a aplicar 'la mejor tecnología disponible, técnica y económicamente viables'.

Matas explicó que la ley se había consensuado con las comunidades autónomas y con unas 80 asociaciones empresariales. Los sectores más afectados serán el agroalimentario, el químico y el minero-metalúrgico. El Consejo Asesor de Medio Ambiente, que incluye a representantes de la Administración, expertos y ecologistas, no ha sido consultado, aunque según fuentes del Ministerio 'se les ha mantenido informados'.

El responsable de Residuos de Ecologistas en Acción, Miguel Cevallos, negó este aspecto, pero dijo que valoraba la iniciativa. No obstante, condenó que esto se hiciera 'dos años despúes de vencido el plazo', informa Carmen González. 'Ahora demandamos al Parlamento que apruebe pronto la ley y al Ministerio que la aplique y le dé seguimiento', agregó Cevallos.

El director de Greenpeace, Juan López de Uralde, afirmó que no le extrañaba que no les hubieran consultado, 'pues el Ministerio no se ha preocupado ni de convocar al consejo asesor durante los últimos cuatro años, pese a que el reglamento estipula que lo debe hacer cada tres meses'.