Tarancón prima la proximidad a los institutos en la matrícula de la ESO

El responsable autonómico de Educación, Manuel Tarancón, ha dado un giro a la política inicial del PP que favorecía la dispersión de los alumnos que cambiaban de centro al pasar de primaria a secundaria, sin tener garantizada una plaza en los institutos más próximos a su colegio o barrio de origen al estar obligados a tramitar una segunda matrícula en la misma condición que los alumnos de procedencia externa o nuevos. Tarancón ha puesto fin a esta estrategia, que favoreció el crecimiento de la red de enseñanza privada, con una propuesta de planificación que prioriza la proximidad de los institutos y, por tanto, la continuidad educativa.

El documento de planificación presentado el miércoles -por primera vez en cinco años de Gobierno del PP al mismo tiempo a sindicatos, padres y profesores- rompe con una pauta formal que había sido denunciada reiteradamente y propone un cambio de estrategia que elimina de facto las trabas normativas que dificultaban la continuidad educativa en la red pública introducidas por el anterior consejero Francisco Camps en 1998. Los tres sindicatos mayoritarios CC OO, UGT y el STEPV aplauden la propuesta de unificar los itinerarios adscribiendo los colegios a sus respectivos institutos 'sin necesidad de realizar un segundo trámite de admisión' y presentar por adelantado la ruta para los nuevos centros educativos que estarán construidos en 2003.

CC OO celebra este giro del Consell, al que había amenazado con llevar el caso a la Fiscalía 'por posible delito de prevaricación al no clumplir los criterios del real decreto 986/1991 estatal que determina que quien estudia en el primer ciclo de ESO en un centro público de primaria, no debe realizar ningún trámite de matrículación en el instituto correspondiente'.

Los criterios utilizados ahora por Tarancón y su nuevo director general de Centros, Herminio García, dan carpetazo a este sistema y se basan, según una primera lectura avanzada ayer por el STEPV, en parámetros de 'proximidad, continuidad en la modalidad lingüística y el respeto a la coordinación pedagógica'. CC OO y UGT coinciden sin embargo en que respecto a la enseñanza en valenciano 'aún no está garantizada la continuidad al pasar de primaria a secundaria', ya que 'falta 'catalogar los institutos que impartirán docencia en valenciano para evitar la actual ruptura'. Algo que evidencia el desajuste entre el volumen de niños que estudian en primaria, de los que menos de la mitad continúa sus estudios en valenciano al pasar a la ESO.

Para CC OO 'una vez resuelto el problema del trámite de matrícula pública -ya que en la privada los padres no lo han tenido-, exige a la Administración que agilice la resolución de asuntos inaplazables, como la estabilidad de los destinos de los profesores que hasta ahora estaban en colegios de primaria y han pasado a los nuevos institutos y cumpla con la oferta de guarderías públicas'.

La situación creada a mediados de la primera legislatura de Zaplana -con la aprobación del controvertido decreto de Admisión de Alumnos de Camps- dió lugar a escenas tan inverosímiles, denunciadas por profesores de varios colegios de Valencia que teniendo plazas de secundaria libres en su propio centro, no pudieron garantizar a sus alumnos la continuidad educativa en el mismo. La normativa elaborada por el ahora vicepresidente del Congreso en Madrid [siguiendo la estrategia privatizadora del Gobierno central] forzaba a los estudiantes de un centro a solicitar la matrícula al pasar de primaria a secundaria en la red pública.

El complicado trámite, que partía la continuidad educativa además de provocar desajustes en la planificación y horarios de las familias que se veían forzadas a trasladar a su hijo a otro barrio, favoreció notablemente el crecimiento de la enseñanza privada. La red privado-concertada se vió así privilegiada al priorizar la continuidad de sus alumnos antes de ofrecer una plaza a un estudiante externo al centro, con la gratuidad de la matrícula al ser concertada y por la benevolencia administrativa a la hora de autorizar la apertura de guarderías o aulas de preescolar.