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Vecinos de Can Tunis piden ayuda al Síndic de Greuges ante el desalojo del barrio

Un grupo de 60 familias afectadas por el desalojo forzado de Can Tunis a causa de la ampliación del puerto de Barcelona han acudido al Síndic de Greuges con el objetivo de conseguir apoyo en su principal reivindicación: ser realojados en una vivienda en algún régimen de protección. Parte de los afectados no están de acuerdo con el planteamiento del Ayuntamiento de Barcelona, que pretende indemnizar económicamente según cada caso para que sean los propios interesados los que busquen una vivienda en el mercado secundario.

La operación de desalojo se inició en la primavera pasada y una veintena de las 110 familias aceptaron las indemnizaciones y se fueron del poblado, que en la última década se ha convertido en el penúltimo reducto del mercado libre de la droga, algo plenamente conocido y consentido por todas las administraciones.

Parte de las familias que viven en el poblado, representadas por Basilio González, director de la escuela Xavo-Xavi, impugnaron el procedimiento seguido para el desalojo alegando que, como en otras operaciones de expropiación forzosa, consideraban que debían ser realojadas en viviendas sociales.

Esta semana un centenar de familias de Can Tunis han recibido un informe de respuesta a sus alegaciones de los servicios técnicos del distrito de Sants-Montjuïc. En la circular se argumenta que los ocupantes del barrio de Can Tunis reivindican un 'derecho de ocupación' y que ese derecho, 'no amparado en contrato alguno', no obliga a la Administración a 'facilitar el acceso a una nueva vivienda ni a indemnizar' porque los reclamantes no pagaron ninguna renta o alquiler por la ocupación.

Algunos vecinos de Can Tunis -23 en concreto- insisten en que son los titulares de los contratos de alquiler desde que se construyó el poblado y recuerdan que fue el Patronato Municipal de la Vivienda el que dejó de girar los recibos. Lo cierto es que gran parte de las casas y de los cuartos -las construcciones en los patios utilizadas como viviendas- han cambiado repetidas veces de propiedad por acuerdos verbales.

Las posiciones de la Adminstración y de los afectados parecen, por ahora, irreconciliables. El Ayuntamiento de Barcelona guarda un más que estricto silencio en toda la operación de Can Tunis argumentando lo 'delicado' del caso. Responsables municipales quieren ahora evitar a toda costa la reproducción del gueto en otra parte y también desean obrar con sigilo para frenar el más que posible rechazo de los futuros vecinos de los que lleguen de Can Tunis.

La oficina del Síndic de Greuges atendió a los representantes de Can Tunis, pero no se comprometió a nada más que a reiterar las recomendaciones que ya hizo en un informe el año pasado: que se reconozcan los derechos a los titulares de los contratos y a los reales ocupantes en los últimos años, y que la Administración no se limite a indemnizar con dinero, sino que vigile el acceso a la nueva vivienda y facilite medidas sociales.

No obstante, fuentes de la oficina del Síndic puntualizaron que intentarán mediar para que 'en algunos casos' la Administración facilite vivienda social.

Mientras, Can Tunis aguarda el desenlace del proceso como siempre, con el ir y venir diario de cientos de toxicómanos que ocupan los pocos espacios que quedan libres dentro del poblado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de noviembre de 2001