Alrededor de 60 millones concedidos a la federación acabaron invertidos en letras del Tesoro y en una finca

Unos 60 millones de subvenciones concedidos a la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA) para diversos programas de formación para la etnia gitana acabaron en realidad invertidos en letras del Tesoro y en una finca con olivos en la provincia de Sevilla. Así consta en un informe policial remitido el pasado verano al Juzgado de Instrucción número 7 de Málaga que investiga la supuesta utilización de la federación para desviar ayudas públicas a cuentas particulares de sus miembros y como tapadera del blanqueo de dinero.

Del análisis que la policía hizo de las cuentas de la federación se desprende, que tras recibir las subvenciones, sus responsables dieron la orden al banco de que invirtiera esa cantidad en obligaciones del Estado. La FARA ha recibido ayudas del Ministerio de Trabajo y de las consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. Se estima que de los 1.000 millones que le fueron concedidos en los últimos años, la directiva desvió casi una tercera parte.

El mismo informe apuntó que esa inversión 'alteraba los fines' para los que fueron concedidos los fondos. Fuentes de la investigación apuntaron que ninguna de las administraciones había detectado este uso irregular de las ayudas y dejaron caer la 'falta de control absoluta' de las subvenciones por parte de las instituciones que las concedían.

Este uso inadecuado, además, fue advertido en uno de los primeros informes que los agentes de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) remitieron al juez instructor Pedro Molero poco después de recibir la información solicitada a las entidades bancarias en las que la federación depositaba sus recursos.

Finca de olivos

Con dinero público destinado a cursos de formación también se dio una entrega para una finca en Sevilla sembrada de olivos, que fue puesta a nombre de una imputada en la causa. En total, hay 21 inculpados en las diligencias, entre ellos seis directivos de la FARA, un funcionario del Ministerio de Trabajo y otro de la Junta.

Los movimientos bancarios de la organización también levantaron las sospechas de los agentes de la UDYCO, porque hay depósitos millonarios en efectivo, un detalle que lleva a los investigadores a pensar que podría tratarse de dinero de procedencia ilícita. Hay partidas incluso de más de diez millones de pesetas. La auditoría ordenada por el juez que dirige la investigación después de que hace dos semanas se practicaran las primeras 12 detenciones arrojará luz sobre estas dudas.

Fuentes de la investigación confirmaron que dos hijos del presidente de la FARA, Vicente Rodríguez -en prisión por esta causa- están en busca y captura, debido a que aún no han sido localizados. Además de Rodríguez, están en la cárcel el secretario de la FARA y el asesor fiscal.