Los geriátricos privados piden que la Generalitat les pague más por sus servicios

Las residencias geriátricas privadas de Cataluña han iniciado una nueva ofensiva para que la Generalitat les pague más por las plazas que ofrecen a la Administración para prestar servicio público. La Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), que reúne 400 empresas del sector de la geriatría, se mostró ayer dispuesta a invertir 46.000 millones de pesetas en los próximos tres años si la Generalitat mejora las condiciones actuales de su política de conciertos.

Las demandas de la patronal no son sencillas. En primer lugar pide que la Generalitat pague un mínimo de 30.000 pesetas más por cada plaza contratada. Actualmente la Administración paga una media de 167.800 pesetas al mes por cada una de las 16.300 plazas de utilización pública. La patronal acordó este precio con la Generalitat el pasado mes de julio, pero ahora vuelve a considerarlo insuficiente. Las 30.000 pesetas de incremento que pide ahora la patronal servirían, según el presidente de la ACRA, Vicenç Clemente, para 'amortizar' las inversiones en las residencias que se están construyendo.

La segunda gran demanda de la patronal es la garantía de que una parte de las plazas de nueva construcción sean ocupadas permanentemente por ancianos procedentes de la red de atención pública. Actualmente la Generalitat tiene contratadas unas 5.000 plazas en residencias privadas. De ellas, 4.000 lo son en régimen de colaboración y un millar en regimen de concierto.

La diferencia entre ambos sistemas estriba en que mientras que el concierto garantiza el pago de la plaza por un tiempo determinado, generalmente largo, el régimen de colaboración sólo obliga a la Generalitat a pagar la plaza mientras esté ocupada. Con el sistema de colaboración los ingresos de la residencia se pueden ver alterados cuando el paciente muere o abandona la residencia.

Según Clemente, la proporción entre las plazas concertadas y de colaboración debería ser paritaria, lo que daría más estabilidad económica a las empresas que gestionan los geriátricos. La Generalitat, sin embargo, desconfía de estas demandas, ya que el sistema de colaboración le permite pagar sólo por los días que el anciano está realmente ingresado en la residencia.

En lo que sí coinciden Generalitat y patronal es en que en Cataluña faltan plazas residenciales de utilización pública. La Generalitat sostiene que entre 1999 y 2003 habrá creado 7.000 nuevas plazas de este tipo, aunque todavía no está claro cuántas de estas plazas serán de nueva construcción y cuántas serán contratadas al sector privado.

Quien no está de acuerdo con estas cifras es el sindicato Comisiones Obreras, que este mismo año ha presentado un informe según el cual Cataluña necesitará 18.000 plazas nuevas en residencias geriátricas antes del año 2010. Este informe también alerta sobre el déficit de plazas en los denominados centros de día para ancianos con bajo grado de dependencia. Según CC OO, faltan 5.000 plazas de este tipo.