Los Gobiernos piden indemnizaciones tras el archivo del 'caso Aznalcóllar'

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, anunciaron ayer que ambas Administraciones entablarán acciones civiles para reclamar indemnizaciones tras conocer que la Audiencia de Sevilla, en un auto difundido el lunes, ha confirmado el archivo del caso Aznalcóllar que ya decidió la instructora de la causa, al no haber apreciado imprudencia grave en la actuación de Boliden, la propietaria de la balsa que reventó en 1998, ni en la de las dos filiales de Dragados que redactaron los proyectos de construcción y recrecimiento de la presa.

Chaves indicó que la Junta aprovechará la vía de la responsabilidad civil, que dejó abierta el auto, para que 'no se queden sin pagar los daños causados'. Por su parte, Matas afirmó que la acción civil que iniciará su departamento buscará que esos daños 'sean pagados por los culpables y no por los ciudadanos españoles'. Ambas Administraciones han gastado más de 40.000 millones en limpiar y restaurar 60 kilómetros del valle del Guadiamar, en el entorno de Doñana. El archivo de la causa, fue criticado ayer por la asociación ecologista Greenpeace y defendido por el fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, Alfredo Flores. 'El auto demuestra que hay una diferencia flagrante entre el trato judicial a los contaminadores y el dado a defensores del medio ambiente', expuso Greenpeace en un comunicado.