Las decisiones en salud pública

El interesante artículo de Karoline Fernández de la Hoz y Pedro Arias La vigencia de la salud pública, publicado en EL PAÍS el 30 de octubre, abre un debate importante sobre aspectos de la profesión, sobre todo en lo referente a la toma de decisiones. Estamos acostumbrados a que decisiones que afectan a la salud de la comunidad se vean condicionadas por la oportunidad política, e incluso a ver cómo algunos políticos se atreven a proponer actuaciones en materia de salud en las que, o no se ha consultado a los técnicos de salud pública o no se les ha comprendido. No es necesario poner ejemplos de recientes y extravagantes medidas que están en la mente de todos.

A ningún político se le ocurriría meterse en el ámbito de decisión sanitaria técnica cuando se dirige a las personas de manera individual. ¿Se imaginan a un ministro, consejero o director general opinando sobre las medidas diagnósticas o terapéuticas que un sanitario decide ante el problema de salud de una persona? Pues bien, cuando existe un problema de salud de una comunidad, sí que se produce esta clara intromisión en las medidas propuestas por los técnicos de salud pública. ¿Por qué estas diferencias entre las actuaciones sanitarias dirigidas a un individuo y a la comunidad? ¿Hasta qué punto son aceptables?

¿Por qué los políticos se entrometen en las medidas de salud pública de los técnicos?

En toda actuación sanitaria existen dos actores imprescindibles: el profesional sanitario y quien tiene el problema de salud. El sanitario estudia el problema y propone las actuaciones diagnósticas y terapéuticas, y se llevan a cabo las que resultan del acuerdo entre el sanitario y el paciente. La responsabilidad del resultado final tiene un componente técnico, derivado de haber llevado a cabo las actuaciones sanitarias con suficiente calidad, de acuerdo a los conocimientos científicos y las normas que rigen la profesión; por otro lado, existe la responsabilidad del paciente que acepta una intervención u otra.

En salud pública los actores son los técnicos de salud pública y la comunidad. Con la comunidad a veces se puede establecer relación directa de información sobre la situación y alternativas de actuación, pero la decisión sobre cuál de éstas se lleva a cabo, debe ser tomada por los legítimos representantes de la comunidad, los políticos. El problema se produce cuando los dos actores necesarios en la intervención -técnico de salud pública y representante de la comunidad (político)- asumen en parte o en su totalidad el papel del otro.

No admitiríamos que una persona no capacitada fuese quien atendiera el proceso patológico de ningún paciente. Esto, que está tan claramente aceptado, e incluso regulado, en lo referente a las actuaciones sanitarias dirigidas a las personas de manera individual, no está tan claro cuando se trata de actuaciones dirigidas a la comunidad.

En cualquier actuación sanitaria señalamos como trascendental la relación médico-paciente. Cada día exigimos más información sobre nuestro proceso, y que nos la facilite un sanitario preparado y que se responsabilice de sus actuaciones. No aceptamos que la información sobre nuestro proceso de enfermedad se nos facilite por alguien que no sea sanitario, y ni siquiera por otro sanitario diferente al que se encarga de nuestro proceso. Deberíamos exigir con la misma contundencia que la información sobre los problemas comunitarios nos sea dada por un técnico de salud pública. Cuando la comunidad tiene un problema de salud, su interlocutor, en muchas ocasiones, no es un sanitario preparado, sino el político. Que, además del papel de representante de la comunidad, que lícitamente le corresponde, acaba asumiendo el de representante de los técnicos de salud pública. Esto genera desconfianza y confusión en la comunidad receptora de las mismas.

Por otra parte, igual que no es lícito que un sanitario determine que una persona con plena capacidad de decisión se someta a una intervención sin su consentimiento, tampoco lo es que los técnicos de salud pública impongan su criterio en la elección de las posibles intervenciones, lo que sería asumir el papel que les corresponde a los políticos.

La osadía de algunos políticos, el ánimo de control de la información que ha de recibir la comunidad, de otros, y no querer asumir la responsabilidad que corresponde a los técnicos de salud pública, por otro lado, pueden estar entre las causas de confusión del papel que técnicos, comunidad y políticos tienen en esta materia.

Félix Alcázar Casanova es técnico de salud pública de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y jefe de servicio de la Dirección General de Planificación de la Consejería de Sanidad.