Dictámenes y responsabilidades

El grupo parlamentario del PP, en socorro de Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro, cerró la comisión parlamentaria de investigación del caso Gescartera con un dictamen inverosímil. Los argumentos redactados apresuradamente para exculpar al Gobierno de toda responsabilidad en la estafa Gescartera en nada superan los que hubiera balbuceado cualquier escolar pillado en falta. Expuestos por el diputado Vicente Martínez Pujalte, portavoz del Grupo Popular y experto en mentar el pasado para tapar el presente, parecen además una broma de mal gusto.

El punto fuerte de la argumentación del PP, puesta por el peso de la mayoría, es que 'ninguna declaración ni ningún documento implica de forma directa o indirecta' al vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, ni al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. Un argumento tan trivial sólo puede tomarse en serio si se supone que los representantes populares en la comisión investigadora esperaba descubrir un documento revelador que autoinculpase a los ministros sujetos a examen; o quizá una revelación explosiva de un testigo, como sucede en los thrillers judiciales. Como no cabe atribuir tanta ingenuidad en políticos hechos y derechos, la conclusión es que no se trata de un rasgo de candidez, sino de cinismo.

La política de nombramientos incapacitó a la CNMV para adoptar decisiones unánimes, como la de intervenir Gescartera

Las comisiones de investigación no persiguen descubrimientos milagrosos ni investigaciones exhaustivas, sino establecer hechos probados de los que quepa derivar o no responsabilidades políticas. En contra de las conclusiones del dictamen oficial, de los hechos conocidos en la comisión parlamentaria sí cabe derivar responsabilidades políticas en Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro. En el caso del vicepresidente y ministro de Economía, porque él nombró a una persona tan escasamente capacitada para ocupar un cargo de gestión política en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como Luis Ramallo. Pero su nefasta intervención en los nombramientos de la CNMV no acabó ahí. Cuando se fueron produciendo vacantes en el consejo, pudo haber designado a profesionales capaces de formar equipo con el presidente Juan Fernández Armesto; por ejemplo, los que el propio Armesto sugirió. Pero en lugar de respaldar al presidente y al consejo, prefirió nombrar a Pilar Valiente o a José María Roldán. La consecuencia directa de estos nombramientos fue la desunión interna y la incapacidad para adoptar decisiones unánimes y drásticas. Por ejemplo, la de intervenir Gescartera en 1999.

Para entender la responsabilidad política de Cristóbal Montoro basta con recordar el esperpento de los expedientes abiertos a Gescartera por la Agencia Tributaria que se cerraron por causas peregrinas, inadmisibles o por mera incompetencia. El archivo de esos expedientes favoreció objetivamente la estafa de la la sociedad de valores de Camacho, así que no puede sostenerse que las actuaciones del secretario de Estado Enrique Giménez-Reyna no favorecieron a Gescartera, como con tanto descaro sostienen las conclusiones del PP.

La arbitrariedad del dictamen oficial se recrea a veces en la suerte del despropósito. Uno de los argumentos exculpatorios es que no se produjo quebranto para las arcas públicas derivado de decisiones o actuaciones de cargos públicos. ¿Y por qué iba a derivarse quebranto público de las decisiones de la CNMV, cuyas funciones son proteger a inversores privados de los fraudes o irregularidades cometidos por otros inversores privados? Precisamente el fracaso de la CNMV consistió en no garantizar a los inversores y ahorradores las condiciones de transparencia y equidad que son imprescindibles para el recto funcionamiento del mercado.

Las conclusiones del caso Gescartera son bien distintas de las que han colado Vicente Martínez Pujalte y su grupo por la fuerza de la mayoría. Una primera reflexión es que la democracia española carece de un criterio admitido de responsabilidad política; una segunda es que, aunque existiera, el Gobierno del PP no es de esos capaces de entenderla y aplicarla, y una tercera es que el nivel político del Parlamento español no debería tolerar chapuzas argumentales como las esgrimidas en el dictamen oficial para exculpar a los ministros de Economía y Hacienda. Ofenden el buen gusto y el sentido común de los ciudadanos.