Una ONG acusa al Gobierno central de desoír las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre polizones

La delegación vasca de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) acusó ayer a la Subdelegación del Gobierno central en Vizcaya de desoír una recomendación del Defensor del Pueblo en la que solicita que se garantice a los polizones la asistencia de un abogado 'tan pronto' como se tenga conocimiento de su llegada a España. CEAR critica que, pese a que esta recomendación es de marzo pasado, la Subdelegación no haya autorizado que un letrado visite a los cuatro polizones tanzanos que arribaron el pasado martes al puerto de Santurtzi en un barco griego.

Un portavoz de la Subdelegación vizcaína argumentó ayer que el Colegio de Abogados de Vizcaya no ha sido avisado de la presencia de estos polizones en cumplimiento de una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad que sólo la prevé para los casos en que los polizones pidan asilo político o entrar en España. El mismo portavoz explicó que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que les tomaron declaración en el buque Macedonia Hellas en ningún momento percibieron ningún indicio de hubieran huido de su país -Tanzania, según dijeron- para buscar refugio en otro, sino que su objetivo es buscar trabajo.

El Defensor, aunque constata en su recomendación la existencia de esa instrucción interna, considera que 'las especialísimas circunstancias' en que están los polizones 'obligan a que en un Estado de Derecho como es España se interpreten del modo más garantista' los preceptos que regulan los derechos de este colectivo. Recuerda el Defensor que la de Vizcaya es una de las subdelegaciones que hacen una 'interpretación literal' del precepto.

El barco seguía ayer, con los polizones a bordo, amarrado en el puerto a la espera de la llegada de otro capitán ya que el que lo comandó hasta Santurtzi ha sido expedientado por, entre otras infracciones, no comunicar a la naviera la presencia de los polizones, según la Subdelegación. Los responsables del barco deberán depositar además una fianza de ocho millones antes de zarpar.

[El Cuerpo Nacional de Policía culminó la desarticulación de una red de tráfico de inmigrantes con el arresto de M. L. V. M. el 23 de octubre en Vitoria. La red operaba allí y en Madrid].