EE UU pone la seguridad de los aeropuertos bajo control federal

En contra de lo que deseaba George W. Bush, la Cámara de Representantes y el Senado de EE UU aprobaron ayer una nueva ley de seguridad aérea que establece poner de inmediato en manos del Estado federal los controles de seguridad en los aeropuertos. Ese trabajo dependía hasta ahora de empresas privadas, que han demostrado ser, en muchos casos, muy poco fiables.

Los republicanos han conseguido que la medida sólo sea obligatoria durante tres años, aunque cabe imaginar que pasado ese tiempo la mayoría de los aeropuertos pedirán continuar bajo supervisión federal. La nueva Ley de Seguridad en la Aviación obliga a crear 28.000 puestos de trabajo en las agencias federales. A cambio, la Administración ingresará una sobretasa de hasta 5 dólares (unas 940 pesetas) para financiar el nuevo trabajo, que recae en las manos del departamento de Transporte.

La mayoría republicana de la Cámara de Representantes (con Bush como ideólogo) quería mantener ese trabajo en manos privadas con supervisión federal; el Senado, de mayoría demócrata, había aprobado por unanimidad ponerlo en manos federales. La premura por aprobar la ley antes del puente de Acción de Gracias (uno de los de mayor tránsito aéreo del país) ha permitido pactar un texto conjunto que refleja grandes concesiones por parte de los republicanos.

28.000 empleados

Aun así, Bush lo firmará inmediatamente. La ley establece que dentro de un año las labores de control de equipajes y seguridad en los aeropuertos de EE UU estará en manos del Gobierno a través de 28.000 empleados federales sin derecho de huelga. Deberán ser ciudadanos estadounidenses y podrán ser despedidos si su comportamiento profesional no se ajusta a los niveles de seguridad establecidos. A cambio, los demócratas aceptaron dos concesiones. Por un lado, cinco aeropuertos tendrán control privado bajo supervisión federal, lo que permitirá evaluar ese procedimiento.

Además, dentro de tres años -salvo legislación en contra- todos los aeropuertos tendrán la opción de devolver a manos privadas el control de la seguridad, aunque habrá supervisores federales con capacidad para despedir a trabajadores o sancionar a las compañías que no cumplan el mínimo exigible.

El nuevo cuerpo de trabajadores dependerá del Departamento de Transporte, no del de Justicia como querían los republicanos. La carga financiera que genera no se cubrirá sólo con una partida presupuestaria, sino también con una sobretasa de entre 2,5 y 5 dólares para cada pasajero de cada vuelo.