Ineptitud y provocación

Cuando, al final del régimen de Primo de Rivera, el dictador se encontró con la sorpresa de que se le desmandaban los estudiantes se dedicó a denigrar de forma genérica a la universidad. Hoy, en un momento en que ésta es mucho mejor que en 1929 y también que en 1975, la ministra del ramo ha recurrido a idéntico argumento para tratar de ocultar una extremada ineptitud en la gestión de una reforma que la propia comunidad universitaria ansiaba y estaba dispuesta a poner en marcha.

Los portavoces ministeriales han intentado combatir la creciente protesta a base de una pretendida precisión numérica sobre los manifestantes. Pues bien, incluso si sus cifras fueran correctas, se trataría de la mayor movilización de universitarios en contra de una disposición legal en la historia de España. Todavía hay más. Ni un rector de Universidad española está dispuesto a afirmar que la ley tendrá los efectos benéficos que el ministerio le atribuye. La ministra pretende tener una parte del profesorado a su favor pero no pasa de aducir unos centenares de firmas cuando se acercan a las 8.000 la de quienes han suscrito manifiestos en su contra. Se afirma que la ley ha sido aprobada por minorías parlamentarias distintas del Partido Popular pero eso no tiene nada que ver con su contenido sino con la composición de los parlamentos de determinadas comunidades. No hay ni un sindicato ni una asociación estudiantil que se haya mostrado a favor de la disposición. En todo ello también se llega a unas cotas inéditas en la historia española.

Este resultado no es una casualidad sino la consecuencia de un modo de actuación. El ministerio ha prescindido de cualquier debate a fondo de la ley con los rectores y ha llegado a avergonzar a los propios diputados del PP con su modo de actuar en el Congreso. Ha engendrado una ley que pretende mejorar la Universidad española sin atribuirle más fondos, cuando tenemos un gasto por estudiante que es la mitad de la media europea. Ha demostrado una vocación en extremo reglamentista y recelosa respecto de la autonomía. Va a someter a la mediatización partidista no sólo los consejos sociales sino también las campañas para la elección de rectores. Dice querer acabar con la endogamia pero recurre a procedimientos que son una vuelta atrás o que tienen todavía mayor peligro de recaer en ese defecto que los vigentes. Va a provocar un colapso absoluto durante largo tiempo de la institución universitaria. Y, por si fuera poco, Pilar del Castillo ha sumado a la ineptitud la provocación persistente, innecesaria y, a medio plazo, suicida para ella y dañosa para la universidad.

De esos polvos han venido estos lodos. Cualquiera que conozca la Universidad sabe que es muy difícil de movilizar pero aún más difícil de desmovilizar luego. Cualquiera sabe también que los momentos culminantes de la protesta se producen mediado el curso y no a sus inicios. Tenemos, ahora mismo, todas las probabilidades de embarcarnos en una conflictividad inacabable que a nadie va a beneficiar. Hasta la prensa más adicta al Gobierno se ha dado cuenta ya de lo insostenible de la posición del Ministerio y reclama ahora mayor diálogo en el momento de que la ley pasa por el Senado.

Esta posibilidad no debe ser descartada pero tampoco puede ser tomada como una especie de maquillaje o de retoque de última hora con que evitar el conflicto, porque eso no basta en absoluto. Si se quiere dar salida a una protesta cuya magnitud tiene todos los visos de progresar con el tiempo hay que hacer en el Senado lo que no se hizo antes: dialogar, permitiendo algo tan elemental como las comparecencias de rectores, y mostrar disponibilidad para introducir cambios de fondo. Claro está que algo así ya no lo puede hacer Pilar del Castillo. En cambio Aznar, que tiene mucho que perder y nada que ganar si se persiste en el camino marcado, debiera ser capaz de enderezar el rumbo. Pero también puede enrocarse en la prepotencia y el desplante. Ojalá, en bien de todos, no lo haga.