La impunidad del poder

No ha querido el Partido Popular que García Antón explique en las Cortes la situación de su vivienda. Nos ha privado así de conocer las razones del consejero, por las que sentíamos curiosidad. Para justificar la decisión adoptada por su partido, el diputado Maluenda ha afirmado que hablar en las Cortes de este asunto hubiera creado una innecesaria alarma social. Estoy completamente de acuerdo con el señor Maluenda. Encontrar a un consejero de Obras Públicas y Urbanismo explicando, en las Cortes, por qué su vivienda se encuentra sin legalizar, catorce o quince años después de haber sido construida, tal vez no sea un ejemplo edificante. Pero, si me lo permite el señor Maluenda, yo considero que el hecho de negar estas explicaciones al Parlamento es mucho más grave que la falta urbanística de García Antón.

No soy un experto en cuestiones de edificación pero, por lo leído en los diarios, el problema de esta vivienda parece un asunto menor. Nuestras leyes urbanísticas son enrevesadas y olvidar uno u otro documento, cuando se anda enredado en ellas, no resulta extraño. Tal vez, un sencillo acto de contrición hubiera bastado para restaurar la falta del consejero. Incluso es posible que los ciudadanos lo hubieran juzgado con simpatía. En contra de lo que piensan los políticos, la aceptación de un error les humaniza a los ojos de sus votantes. Aunque ellos prefieran refugiarse en la infalibilidad.

Cada vez que los periodistas le preguntan por esta cuestión, García Antón responde que lo explicará dónde y cuándo llegue el momento. ¿De verdad cree el consejero que existe un lugar más adecuado que el Parlamento para que un político dé explicaciones? Esta contestación de García Antón, tan repetida últimamente, convierte un hecho menor en un asunto excepcional. Al responder así, el consejero niega el poder al Parlamento para decidir él -o, lo que es lo mismo, su partido- de qué y cuándo hay que hablar. Mal asunto es este: asoma aquí la tentación totalitaria que, en algún momento, sienten los políticos cuando gobiernan.

Cuatro año atrás, en nuestra Comunidad, bajo el Gobierno del Partido Popular, un director general de Interior dimitía por un asunto similar al que ahora afecta al consejero de Obras Públicas. La distancia que media entre aquella acción y la actual conducta de García Antón muestra cómo la impunidad del poder se ha instalado en la conciencia de nuestros gobernantes. Hemos alcanzado ese momento en que quienes mandan se sienten capaces de cualquier cosa, pues no precisan dar explicaciones sobre ninguna. Y así tenemos al alcalde de Guadalest asfaltando el camino de su finca con una subvención pública; al Sindic de Greuges que no considera necesario someter el informe anual a la junta de la institución o a la Generalidad adjudicando proyectos en el entorno de Terra Mítica a quien es accionista del parque.

Esta situación, que tan cómoda resulta para quien gobierna, tiene, como contrapartida, un alto coste social: la indiferencia del ciudadano. Abrumado por la situación, incapaz de enfrentarse a ella, el ciudadano opta por encogerse de hombros y mirar hacia otro lado. Aquí convendría recordar que, como ha escrito Josep Ramoneda, esta 'indiferencia puede llevarnos a una situación en la que la democracia desaparezca sin necesidad de pegar un solo tiro'.