La decisión de Rumanía de paralizar las adopciones afecta a familias catalanas

Las parejas que están pendientes de adoptar niños procedentes de Rumania han recibido con estupor la noticia de que aquel país ha congelado los expedientes de adopción abiertos en espera de disponer de una nueva normativa más acorde con las recomendaciones de la Unión Europea. En Cataluña son nueve los matrimonios que han visto interrumpida por esta causa la acogida de menores, que para algunos de ellos iba a ser inminente. Dos de las parejas residen fuera de Cataluña, pero formularon en ella su solicitud. En la Comunidad de Madrid, los matrimonios afectados superan el centenar.

La decisión del Gobierno rumano de dar cerrojazo a la entrega de nuevos niños les ha dejado sin saber adónde recurrir para hacerse cargo cuanto antes de los pequeños, que en unos casos aguardan hacinados en orfanatos, y en otros con familias de acogida temporales pagadas por los padres españoles hasta que puedan ir a buscarlos. La Generalitat responde a estas parejas que compete al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales realizar las gestiones ante el Ejecutivo rumano.

Desasosiego

La respuesta de la Generalitat todavía ha causado más desasosiego a los futuros padres, que habían confiado desde el principio en que la mediación del Gobierno catalán en todo el proceso era una garantía de que todos los trámites se ajustaban a la legalidad. Una de las parejas que atraviesan este trance es la formada por Antonia Navarro y Fortunato Milano, residentes en Tiana (Maresme). H icieron su solicitud de adopción el 15 de junio de 1999. Se dirigieron a la Generalitat y a continuación contactaron con la entidad Asociación de Ayuda a los Niños del Mundo (AAIM), que el propio Instituto Catalán de Acogida y Adopción les recomendó. Simultáneamente se interesaron por acoger niños catalanes, pero su petición fue archivada al asegurárseles que en Cataluña no hay niños para adoptar.

Les fue fácil conseguir el certificado de idoneidad, por el que pagaron 140.000 pesetas a la Fundación Eulàlia Torras de Beà, encargada de emitirlo. Paso a paso, han ido siguiendo al pie de la letra todas las indicaciones que les han hecho en los últimos dos años. Finalmente, cuando ya tenían una sentencia en firme dictada por los tribunales rumanos, el pasado 11 de septiembre creyeron que en cuestión de días conseguirían el documento del Gobierno de aquel país que les permitiría acceder al pasaporte para recoger a su pequeño Gabriel Milano Navarro, de 4 años, que ya lleva sus apellidos.

La fatídica fecha del 11 de septiembre tuvo para esta pareja otro significado más entrañable y menos dramático que para el resto de la humanidad. La noticia de la sentencia favorable a la adopción del niño les hizo albergar fundadas esperanzas de que estaba cercano el ansiado día del reencuentro. Llevan pagados hasta ahora más de dos millones de pesetas, pero no pensaron en eso cuando les dijeron que, debido a un informe muy crítico elaborado por la británica Emma Nicholson, del Grupo de los Liberales Europeos en el Parlamento Europeo, sobre las adopciones en Rumania, la Unión Europea hizo una serie de recomendaciones que indujeron a aquel país a bloquear los expedientes abiertos y a no aceptar nuevas peticiones.