El PSOE se querellará contra Gil por conceder licencia de obras a un particular en una parcela del Ayuntamiento

El PSOE denunciará al equipo de gobierno de Marbella, que preside Jesús Gil, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y contra la ordenación del territorio por la concesión de una licencia de obras en la parcela conocida como Molino de Viento, de titularidad municipal y calificada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como parques y jardines públicos. El Ayuntamiento ha autorizado a la promotora Plaza del Mar Marbella una edificabilidad máxima de 11.016 metros cuadrados, lo que según la portavoz municipal socialista, Isabel García Marcos, supone un valor de mercado cercano a los 3.000 millones de pesetas.

'Estamos ante un negocio oscuro y el enriquecimiento de unos particulares a cuenta nuevamente del patrimonio municipal', señaló García Marcos. La edil explicó que en julio de 1989 la empresa Promociones Guadalquivir, propiedad de Jesús Gil, dio la parcela al Ayuntamiento como 'cesión de aprovechamiento obligatorio'. En enero de este año el gobierno local concedió una licencia a la empresa Turpiana, dirigida por el promotor Ávila Roja, para que edificase en los terrenos, de 8.475 metros cuadrados, un centro de ocio y deporte, con un presupuesto de 1.155 millones de pesetas. Dos meses después la parcela pasó a manos de la empresa Kiodai, con el mismo promotor como apoderado, y finalmente en agosto cambió de nuevo de titular, en esta ocasión a Plaza del Mar Marbella, constituida en mayo con un capital social de un millón de pesetas.

Esta compleja operación urbanística se realizó, según la concejal del PSOE, sin que los terrenos fuesen desafectados previamente, exista constancia de convenio alguno o se haya realizado los trámites reglamentarios para el cambio a manos privadas de la titularidad, que continúa ostentando el municipio. 'Estamos cansados de que desaparezca el patrimonio municipal sin ningún tipo de procedimiento. Es una indecencia que la plusvalía que genere la parcela sólo beneficie a promotores privados', se quejó García Marcos, que cree que los cambios de manos obedecen a una maniobra para que ocultar a los auténticos beneficiarios.

El informe elaborado por los propios técnicos municipales recoge además que el proyecto no se ajusta al PGOU vigente, ni tampoco a la revisión del documento aprobada en agosto de 1998 por el grupo GIL. El PSOE ya denunció los hechos ante la Junta de Andalucía en octubre pasado por 'infracción urbanística muy grave'.