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UGT llama a la huelga a los 50.000 empleados de la sanidad pública

La protesta será el 12 de diciembre contra la Ley Sanitaria de Echániz

Oriol Güell

José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad, tiene sobre la mesa la primera huelga convocada contra su política cuando aún faltan 48 días para que asuma las competencias sanitarias. UGT, que obtuvo un 17,16% de los votos en las últimas elecciones sindicales, llamó ayer a la huelga a los 50.000 trabajadores de la sanidad pública el próximo 12 de diciembre en protesta por la decisión de Echániz de no fusionar, aprovechando el trasvase competencial, la red de hospitales de la consejería con la que recibirá del Insalud en enero.

La decisión de Echániz mantendrá 'unas diferencias salariales y laborales sin sentido entre trabajadores que realizan la misma labor, pero en hospitales diferentes', afirmó Gabriel España, secretario de Sanidad del sindicato UGT en Madrid. 'Esto es insostenible y tiene graves riesgos para el ambiente laboral en la sanidad pública. Hemos alertado sobre ello... y los peores augurios se han cumplido con la aprobación de la Ley Sanitaria' de la Comunidad, añadió España.

Esta convocatoria, sin embargo, sorprendió a los otros sindicatos con peso en la sanidad pública. CC OO, por boca de su secretario general de Sanidad, Manuel Rodríguez, mostró su 'sorpresa' por una huelga 'convocada unilateralmente por UGT'. Rodríguez defendió la apertura de negociaciones con el Gobierno y añadió que 'sólo en el caso de fracaso en la mesa negociadora estaría justificada la huelga'.

UGT-Madrid logró el 17,16% de los votos en las últimas elecciones sindicales celebradas en el sector sanitario, en 1998. La consulta fue ganada por la candidatura conjunta de los sindicatos mayoritarios entre los médicos (CESM-Madrid) y el personal de enfermería (Satse), que obtuvo el 22,46% de los sufragios. El segundo sindicato fue CC OO (21,4%) y, tras UGT-Madrid, se situó CSIT-CSIF, con el 14,4%. El Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE) sumó el 6,78% de los votos.Los portavoces de Satse y CESM señalan que la huelga 'no es aún una alternativa a considerar', aunque comparten la oposición a la nueva ley. Antonio Rivas, secretario general del sindicato médico de CSIT-CSIF, mostró su intención de 'esperar a las negociaciones' para no 'precipitarse en un tema tan grave '.

La Ley -ya aprobada por el Gobierno y pendiente de su refrendo en la Asamblea- agrupa a todos los centros sanitarios que atienden a los ciudadanos en una Red Sanitaria Única de Utilización Pública, en la que quedarán integrados los 17 hospitales que pertenecen ahora al Insalud y que serán transferidos y los que ya dependen de la consejería (como el Gregorio Marañón). Serán redes separadas con personalidad jurídica propia. Esto mantendrá las diferencias de régimen laboral y salariales entre trabajadores de los centros del Insalud y los de la consejería.

En la práctica, esto se concreta en diferencias salariales del 17% de media en favor de los empleados que hasta ahora dependen de la consejería, según UGT. Este sindicato cifra en unos 30.000 millones de pesetas anuales (180,3 millones de euros) el coste de equiparar salarialmente a los empleados de ambas redes.

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Echániz ha reiterado en los últimos meses que la fusión entre la red de centros del Insalud y la de su departamento no es posible ni recomendable por las diferencias de organización, regímenes económicos y laborales, gestión de la información y de propiedad que las separan. Ayer, la Consejería de Sanidad difundió una nota en la que anuncia un plan para hacer efectiva la equiparación salarial y en la que Echániz muestra su disposición 'a un acuerdo con los agentes sociales por la calidad del sistema público sanitario de la Comunidad de Madrid'. En otros foros, Echániz ha declarado que la equiparación salarial en ambas redes no será posible en las dos próximas legislaturas.

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Sobre la firma

Oriol Güell
Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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