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La CNMV congeló de forma 'atípica' el expediente sancionador a Gescartera en 1999

El abogado del Estado reconoce ante la Audiencia que no se respetó el plazo reglamentario

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no respetó en el verano de 1999 el plazo reglamentario de 30 días para formular una propuesta de sanción a Gescartera, tras las anomalías detectadas por los inspectores aquel año. Se trata de una actuación calificada de 'atípica' por el propio abogado del Estado, en un informe enviado el mes pasado a la Audiencia Nacional. El expediente no concluyó hasta el año siguiente, cuando la CNMV rebajó de 'muy grave' a 'grave' la propuesta de sanción, tras la entrega de documentos bancarios falsos por parte de Gescartera.

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El escrito del abogado del Estado, al que ha tenido acceso este periódico, fue enviado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el pasado 3 de octubre para oponerse al recurso presentado por los abogados de Gescartera contra la sanción 'grave' que la CNMV le impuso finalmente el 13 de julio del año pasado, en la misma reunión del consejo en la que fue ascendida al rango de agencia de valores.

Esa sanción fue recurrida ante la Audiencia Nacional en concordancia con la recomendación que el entonces secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, le hicera a su hermana, presidenta de Gescartera, según su propio dietario. El abogado del Estado se opone al recurso, pero su relato de los hechos arroja nuevos detalles sobre lo que sucedió aquel verano de 1999 en la CNMV, cuando la responsabilidad de investigar Gescartera pasó del equipo titular de David Vives al de Antonio Botella.

Tras la apertura del expediente sancionador, el 6 de abril de 1999, se sucededieron diversas actuaciones; entre ellas, el intento frustrado de intervenir Gescartera el 16 de abril. El expediente siguió su curso hasta que el 7 de julio se abrió el periodo de prueba por 30 días.

'Pues bien, practicada esa prueba', afirma el abogado del Estado, 'no se formula inmediatamente la propuesta de resolución, que sería el siguiente paso procedimental, sino que, de forma atípica, que no ilegal, los instructores encomendaron a técnicos de la Unidad de Vigilancia de Mercados (...) una serie de actuaciones cerca de Gescartera'.

Esta falta de respeto al plazo reglamentario fue, entre otros, uno de los motivos esgrimidos por los abogados de Gescartera para recurrir la sanción. El responsable de los servicios jurídicos de la CNMV era entonces Antonio Alonso Ureba, hoy secretario del consejo de Telefónica.

'Cuando, por fin, se elaboró la propuesta de resolución [del expediente sancionador] el 11 de mayo siguiente', según el abogado del Estado, se incorporaron al mismo las 'actuaciones de la Unidad de Vigilancia que concluyeron con una opinión favorable', lo que sirvió para que los inspectores rebajaran la sanción propuesta de 'muy grave' a 'grave', pese a considerar probados todos los hechos que el 6 de abril del año anterior habían llevado a la apertura del expediente.

Este dato permite suponer que, de haberse cerrado la propuesta en el verano de 1999, tras el plazo reglamentario de 30 días, Gescartera no hubiese podido escapar a una sanción por falta muy grave, lo que conlleva la publicación forzosa de la multa, y hubiese dado al traste con la entrada de la ONCE y su ascenso a agencia de valores.

Con todo, el abogado del Estado rechaza las pretensiones de Gescartera de anular la sanción. 'En definitiva, entendemos que, aun admitiendo que las actuaciones denunciadas son atípicas, eran necesarias y relevantes para la adecuada resolución del expediente sancionador', afirma en el escrito enviado a la Audiencia Nacional, que deberá resolver en los próximos meses.

Lo que el abogado del Estado considera 'adecuada resolución del expediente' fue posible gracias a que el equipo investigador, dirigido por Antonio Botella, hoy director general de Supervisión, dio por buenos documentos bancarios presentados por Antonio Camacho en noviembre de 1999 que eran perfectamente falsos.

Botella se hizo cargo del caso Gescartera el 15 de julio de 1999, después de que David Vives, entonces director general de Supervisión, pidiese su relevo por las dificultades y la campaña de desprestigio que sufrió dentro de la CNMV y que achacó en parte a Antonio Alonso Ureba ante la comisión de investigación del Parlamento.

Las positivas conclusiones de Antonio Botella y el 'cambio de actitud' de Gescartera respecto a los inspectores tras dejar el caso David Vives fueron los dos elementos que sirvieron de base para rebajar la propuesta de sanción de 'muy grave' a 'grave' cuando finalmente se cerró el expediente, casi un año después de lo que reglamentariamente procedía.

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