El Consell modifica más de un centenar de normas para regular los efectos del silencio administrativo

La ley de acompañamiento del proyecto de Presupuestos de la Generalitat para el año 2002 incluye la modificación de más de un centenar de normas legales con el objetivo de regular los efectos del silencio administrativo, bien para cambiarlos o bien para explicitarlos en los casos en los que no existe referencia conccreta al asunto. El alcance de las modificaciones se conoció ayer después de que el Consell remitiera a las Cortes, tras la protesta de los socialistas, el anexo al que hace referencia el artículo 53 de la ley de acompañamiento.

Dicho artículo, referido a la Duración de procedimientos y efectos del silencio administrativo previstos en la ley estatal, señala que 'el plazo máximo para dictar y modificar la resolución expresa de los procedimientos recogidos en el anexo, será el establecido en el mismo' y añade que 'el vencimiento de dicho plazo máximo sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa del procedimiento producirá los efectos señalados en el anexo'. El problema con el que se encontraron los socialistas es que el mencionado anexo no figura en el proyecto de ley publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas. Los socialistas habían pedido que se retirara este artículo o que se remitiera la documentación, en cuyo caso habría que ampliar el plazo para la presentación de enmiendas. Finalmente, ayer, el Consell remitió el anexo.

Tras la protesta de los socialistas, los populares ofrecieron inicialmente prolongar el periodo de presentación de enmiendas a la ley de acompañamiento, pero ante la amenaza de los primeros de recurrir tal decisión, se optó por establecer un nuevo plazo, lo que obliga a convocar un pleno adicional al de presupuestos, previsto para el próximo lunes. Este segundo pleno, dedicado exclusivamente a la ley de acompañamiento, se celebrará el jueves día 22.

El polémico artículo 53 referido a la regulación del silencio administrativo, que la ley estatal considera por regla general positivo a favor del ciudadano, afecta a una serie de leyes, órdenes y decretos relativos a los diferentes departamentos de lsa Administración autonómica. En algunos casos la modificación altera el sentido de la norma estatal, de manera que el silencio administrativo se considera equivalente a la desestimación del procedimiento en cuestión. En cambio, en otros casos sucede lo contrario.

Joaquim Puig, portavoz del Grupo Socialista-Progressistes, de las Cortes, criticó ayer que el Consell pretenda regular el silencio administrativo mediante lo que calificó de una 'contrarreforma' que, en su opinión, camina 'en sentido contrario' a lo que dicta la lewgislación aprobada por el Gobierno central. Puig acusó al Consell de pretender restringir las garantías de un 'derecho básico' de los ciudadanos.