PP y PSE rechazan en las Juntas alavesas la igualdad fiscal para las parejas de hecho que apoyaron en Vitoria

Los enfrentamientos políticos en Vitoria están convirtiendo desde hace varios meses la cuestión de la igualdad de derechos de los homosexuales en un arma arrojadiza y generadora de contradicciones, dentro incluso de cada partido y entre instituciones gobernadas por las mismas formacionesd. Primero fue el alcalde, Alfonso Alonso (PP), quien tuvo que echarse atrás en el Congreso, ausentándose de la votación, ante una propuesta del PSOE que él mismo había defendido en su Ayuntamiento y que demandaba la legalización de las bodas de homosexuales. Ayer, populares y socialistas rechazaron en las Juntas Generales alavesas una enmienda que solicita la equiparación fiscal para parejas de hecho, un texto que coincidía palabra por palabra con otro que ellos mismos aprobaron hace dos semanas en el consistorio junto al resto de grupos municipales.

La razón aducida por el portavoz municipal del PSE, Juan Carlos Prieto, es que la iniciativa partió de Batasuna. Sin embargo, la moción de este grupo, pidiendo que en tres meses se cambie la normativa fiscal y se fomenten los derechos de adopción y herencia para homosexuales, fue enmendada posteriormente por PNV, EA e IU con un texto idéntico a la demanda aprobada por la corporación municipal el pasado 26 de octubre.

En ella se instaba a la Diputación a modificar la norma foral tributaria de modo que 'a todos los efectos tributarios, se considerará como cónyuge a quien conviviere de forma permanente en análoga relación de afectividad, con independencia de su orientación sexual'. El teniente de diputado, el popular Carlos Samaniego, señaló entonces que la Diputación alavesa no puede adoptar este tipo de cambios fiscales sin contar con las otras instituciones forales en el marco del Órgano de Coordinación Tributaria y, sobre todo, sin modificar el el Código Civil.

[Un estudio encargado por el Ayuntamiento de Vitoria revela que gran parte de los 6.000 extranjeros que residen en la ciudad, sobre todo marroquíes, brasileños y colombianos, sufren hacinamiento, discriminación y rechazo al alquilar una vivienda, explotación laboral y abuso de autoridad, salarios inferiores y guetización de sus hijos en determinados centros educativos].