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La Comunidad creará en la región 12 grandes escombreras

Medio Ambiente promete cerrar 90 vertederos clandestinos de inertes

La Consejería de Medio Ambiente quiere poner orden en el vertido de escombros en la región. Sus técnicos calculan que existen al menos 90 vertederos clandestinos y están dispuestos a cerrarlos. Medio Ambiente proyecta construir 12 nuevos, junto a los que se levantarán otras tantas estaciones de reciclamiento. Quien produzca escombros tendrá que hacer efectiva una fianza en su Ayuntamiento antes de deshacerse de los cascotes. Recuperará el dinero cuando demuestre que los ha llevado al vertedero o bien a una estación de reciclamiento. Si elige esta última opción, le resultará mucho más barato.

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Comunidad de Madrid

Cada madrileño, según el Plan de Gestión Integrada de los Residuos de la Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid, genera un promedio de casi una tonelada de escombros y tierras al año. Todos estos residuos deben ser depositados en zonas especialmente adaptadas. Para conseguir que no se distribuyan sin control en cualquier lugar, la Consejería de Medio Ambiente pretende crear una especie de 'circuito regional de escombros': un sistema que estaría constituido por 12 macrovertederos y seis estaciones de transferencia (o vertederos de tránsito desde donde los residuos serán posteriormente llevados al depósito definitivo).

Cada depósito público irá acompañado, además, de una planta de tratamiento (de clasificación y reciclamiento), que se pondrá en manos de una empresa privada. Sólo el Ayuntamiento de Madrid no está incluido en este plan regional, ya que cuenta con su propio proyecto de gestión de residuos inertes. Cada uno de estos depósitos se ubicará en el centro de las 12 zonas (unidades técnicas de gestión o UTG, en jerga administrativa) en las que el Gobierno quiere dividir la región.

El plan parte de la idea, según explicó ayer el consejero de Medio Ambiente, Pedro Calvo, de que 'quien contamina, paga'. Partiendo de esta premisa, los constructores y otros generadores de escombros tendrán dos posibilidades a la hora de deshacerse de estos residuos: llevarlos a los nuevos vertederos habilitados o bien a las plantas de reciclamiento. En los vertederos se les impondrá una tasa disuasoria: más de 5.000 pesetas por un camión de pequeño tonelaje, frente a las poco más de 1.200 pesetas que se cobran ahora. En cambio, en las plantas de reciclamiento el precio será sensiblemente inferior.

Tarifas

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Las tarifas las establecerán las empresas privadas que gestionen estos centros de reciclaje, pero no serán muy elevadas, a fin de intentar atraer el mayor volumen posible de vertidos, ya que estos residuos incluyen muchos materiales que pueden ser reciclados y puestos de nuevo en el mercado a buen precio (chatarra férrica, vidrio, materiales nobles de construcción y carpintería, piedra labrada, granito y basalto, por ejemplo).

El pasado jueves, el pleno de la Asamblea de Madrid, con los votos del PP, aprobó una proposición no de ley que instaba al Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón a 'declarar como servicio público de titularidad autonómica la eliminación de los residuos de construcción o demolición, incluidos los procedentes de la obra menor y reparación domiciliaria'.

Este cambio legal es muy importante, ya que hasta ahora estas labores estaban en manos de los ayuntamientos, que eran los encargados de encontrar ubicaciones para los vertederos, además de ser los responsables de la gestión de los escombros. Pero, tras la propuesta del grupo parlamentario del PP, el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón se ha reservado ahora estas responsabilidades. Y tras la responsabilidad adquirida, la herramienta legal para llevarla a la práctica: el citado Plan de Gestión de Residuos, un apéndice de lo que será la futura Ley de Residuos de la Comunidad.

Las grandes obras que se están llevando a cabo en la región (M-50, M-45, metrosur, cercanías de Renfe, planes generales, AVE y ampliación del aeropuerto) 'aconsejan una gestión diferenciada del resto de residuos inertes de demolición y construcción. Solamente con motivo de las obras del metrosur, los excedentes a transportar superan los 10 millones de metros cúbicos, mientras que en la construcción de la M-45 se mueven cantidades cercanas a esa cifra', señala el plan. En toda la región, si se incluyen estas obras, se generan unos 30 millones de toneladas al año.

El plan propone que estos residuos se viertan en 'antiguas extracciones mineras', que se utilicen para 'sellar vertederos clausurados' o bien 'en el acondicionamiento de un terreno con el fin de regularizar su topografía, ya que, de lo contrario, la vida [utilización] de los [nuevos] vertederos se vería seriamente comprometida debido a la construcción de una infraestructura de gran envergadura'.

En la región sólo existen tres escombreras de inertes autorizadas por el Gobierno: Las Cumbres, en Madrid; El Burrillo, en San Sebastián de los Reyes, y una tercera en Arganda del Rey.

Fianza por los cascotes de la cocina

Cada vez que se reforme una vivienda, el dueño tendrá que depositar una fianza en el ayuntamiento de su municipio, según el Plan de Gestión de Residuos Inertes. Esta fianza -de 25.000 pesetas como mínimo- le será devuelta al promotor de las obras cuando demuestre que ha llevado los escombros al vertedero o a la planta de reciclaje que le corresponda. Si no lo hace, el dinero pasará a engrosar las arcas municipales. Francisco Garrido, portavoz socialista de Medio Ambiente, cree que esta labor de seguimiento de los escombros obligará a los ayuntamientos a realizar un gran esfuerzo económico, pues deberán contar con inspectores municipales que controlen el fin de los vertidos. Garrido considera que la declaración por parte de la Comunidad de la gestión de los escombros como 'servicio público autonómico, restando competencias a los municipios, puede llevar a éstos a presentar recursos contra el plan ante los tribunales'. El socialista José Sánchez Luque, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Madrileña de Municipios (FMM), reclama que las obras privadas que generen menos de dos metros cúbicos de escombros estén exentas de pagar la fianza. 'Así implicaremos a los ciudadanos, ya que les mandaremos el mensaje de que confiamos en ellos y que sabemos que no dejarán los escombros tirados en cualquier parte', dice. El consejero de Medio Ambiente, Pedro Calvo, afirma que el plan tendrá un presupuesto de 9.000 millones de pesetas, que provendrán de los Fondos de Cohesión Europeos y de las tasas que pagarán quienes desean deshacerse de escombros.

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