La elección de representantes para las cajas es proporcional en el resto de las autonomías

La ley valenciana de cajas de ahorro no establece que los representantes designados por la Generalitat tengan que ser designados de acuerdo con el peso político de cada partido en el Parlamento autonómico. Una proporcionalidad que sí se cumple en otras autonomías -como Andalucía, Aragón, Asturias, Madrid, Murcia y las dos Castillas- y que se ha convertido en el campo de batalla de populares y socialistas en la negociación para renovar el 50% del cupo que designa la Generalitat en Bancaixa, Caja de Ahorros del Mediterráneo y Caixa Ontinyent.

Los socialistas aseguran que quieren dar estabilidad al sistema financiero valenciano fijando unos criterios que eviten los vaivenes de la negociación política en función de la coyuntura. El PSPV votó en contra de la ley valenciana de cajas de ahorro, entre otros motivos, por su oposición a que la Generalitat incrementase su representación en las asambleas de las entidades financieras desde un 35% hasta un 56%. El PP a nivel estatal está estudiando ahora la posibilidad limitar por ley la representación pública en las entidades de ahorro hasta un máximo del 50% de los representantes de la asamblea de acuerdo con las directrices de la Unión Europea. El Tribunal Constitucional ya advirtió en su día de que una representación pública superior al 50% en las cajas de ahorro supondría una vulneración jurídica de estas entidades de naturaleza privada, aunque de interés social.

Cupos y porcentajes

El principal partido de la oposición critica ahora que los populares estiren este porcentaje hasta aplicarlo al conjunto de la asamblea de representantes y no sólo a los cupos designados por los partidos políticos en las Administraciones (Generalitat y Ayuntamientos). El PP asegura que, si no se aplica la proporcionalidad a todo el conjunto de la asamblea, los socialistas tendrían una sobrerepresentación, ya que suponen que buena parte de los representantes elegidos por sorteo del grupo de impositores y de los sindicatos se alinearían con el PSPV.

En Bancaixa la Generalitat, las Corporaciones locales y los grupos de impositores designan un 28% de los representantes, respectivamente, los representantes del personal un 11% y la entidad fundadora (Real Sociedad Económica de Amigos del País) un 5%. En la CAM y Caixa Ontinyent, donde no existe entidad fundadora, el 5% de representación se reparte proporcionalmente entre el resto de grupos.

La legislación autonómica de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha (todas ellas gobernadas por socialistas), Madrid, Murcia y Castilla-León (regidas por populares) fija que los cupos en representación de la Administración regional se elegirán atendiendo al criterio de proporcionalidad de los partidos políticos en sus respectivas Cámaras parlamentarias. Una situación que no se da en la Comunidad Valenciana, que para los socialistas se ha convertido en 'una isla donde se niega el papel constitucional que le corresponde a la oposición, de representación adecuada en las instituciones para el ejercicio del control de las mayorías'.

Un criterio de proporcionalidad que también aplican ayuntamientos del resto de autonomías citadas y que tiene un claro exponente en los dos representantes que elegirá la Corporación de Madrid a la asamblea de Bancaixa y la de Murcia a la de la CAM, respectivamente. Un miembro será designado por el PP y otro por el PSOE.

El criterio de proporcionalidad en los ayuntamientos se ha ido introduciendo paulatinamente en las leyes autonómicas de algunas comunidades autónomas, aunque no en la Comunidad Valenciana, donde las corporaciones se acogen a la legislación del régimen local que permite que el partido gobernante que ostenta la alcaldía pueda nombrar directamente a los representantes en las cajas de ahorro. Una situación que permite que Rita Barberá, igual que otras corporaciones de distintos signo político, designe finalmente a los 11 representantes que le corresponden al Ayuntamiento de Valencia dentro del grupo de municipios.