Los gobiernos central y vasco se reunirán con los jueces para reforzar su seguridad

Responsables de Interior de los gobiernos central y vasco se reunirán mañana en Bilbao con representantes de los jueces y fiscales que trabajan en Euskadi para analizar la seguridad de este colectivo tras el atentado de ETA que costó la vida al magistrado José María Lidón. La reunión se producirá en medio de un debate público en el que se demandan mayores medidas para los miembros de la judicatura.

En la reunión, convocada con carácter de urgencia tras el asesinato del juez destinado en la Audiencia de Vizcaya, los interlocutores tratarán de 'consensuar un incremento de las medidas de protección' respecto a las que actualmente reciben, según fuentes de Interior.

Los presidentes de las audiencias provinciales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava manifestaron recientemente al Ministerio del Interior y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la preocupación de los jueces destinados en el País Vasco por su seguridad.

En el mismo sentido y tras el atentado cometido en Getxo contra José María Lidón, las asociaciones de jueces y fiscales han reiterado las muestras de preocupación por su seguridad personal, ante la imposibilidad de dotar de protección a todo este colectivo. En concreto, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, José Manuel Suárez, planteó la necesidad de que se incremente la protección aunque reconoció que 'puede llegar un momento en que no haya policía suficiente' para las cuatro mil personas que integran este colectivo.

Miguel Carmona, portavoz de Jueces para la Democracia, también ha dicho que 'siempre es deseable mayor seguridad' y que la policía tenga indicaciones suficientes sobre quien puede ser un objetivo de los terroristas para dotarle de una protección suplementaria aunque 'hay que ser consciente de que no se puede proteger todo'.

La Asociación Francisco de Vitoria reclamó que la Ertzaintza adopte mayores medidas de seguridad para todos los profesionales de la Administración de Justicia en el País Vasco por considerar que las que existen actualmente, 'como lo demuestra la experiencia', son insuficientes.