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La policía detiene al interventor de la federación y uno de los arrestados se niega a declarar ante el juez

El interventor de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA), A. A. M., de 26 años, fue detenido ayer como consecuencia de la intervención policial dirigida contra la directiva de la mencionada entidad, creada en 1988 para la defensa y desarrollo del pueblo gitano. Antes que A. A. M., fueron arrestadas otras doce personas que ayer pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 7 de Málaga, cuyo titular es Pedro Molero.

Al cierre de esta edición, siete de los doce detenidos habían prestado declaración, mientras que al menos uno de ellos se había negado a ser interrogado por el juez, que decretó el secreto de sumario.

Los doce detenidos el pasado miércoles llegaron de forma escalonada desde el mediodía de ayer a los juzgados de Málaga. Allí se congregaron decenas de personas para mostrarles su apoyo. Todo entre fuertes medidas de seguridad.

El arresto de ayer avala la tesis policial que augura una amplia operación ni mucho menos acabada con las 13 detenciones practicadas hasta ahora, doce de ellas realizadas el pasado martes, y todas ellas relacionados con la familia El Querillo, encuadrada en el clan de Los Charros de Málaga. Una familia que, siempre según las investigaciones policiales, se dedicaba al 'tráfico de drogas, blanqueo de dinero y fraude a Hacienda a través de la FARA'.

Por su parte, el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, explicó ayer en Granada que tanto él como el funcionario amenazado por los dirigentes de FARA pusieron los hechos en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 7 de Málaga hace cinco meses.

A tenor de la documentación recopilada y de una investigación iniciada hace un año y medio, la policía sostiene que la federación recibió desde 1997 mas de 1.000 millones públicos. No obstante, las administraciones implicadas (Ministerio de Trabajo, Junta, diputaciones y ayuntamientos) han reconocido hasta el momento una inversión de 657 millones.

Las barriadas de La Palma y Palmilla, zona donde según la policía, actuaba la familia El Querillo, cuentan con 13.012 habitantes y 3.541 viviendas, según la última actualización estadística de 1995. Edificios de 13, 10 y 4 plantas forman el mapa urbanístico de una zona marginal en la que el 33% de la población es de etnia gitana.

Fuentes policiales explicaron que los integrantes del clan 'copaban las últimas plantas de los inmuebles y luego inutilizaban los ascensores, con lo que se creaba una zona prácticamente inexpugnable' para los cuerpos de seguridad. Así, la operación que posibilitó las detenciones del pasado martes congregó en la zona a 120 policías apoyados por helicópteros.

Un responsable policial confirmó ayer que la operación es una forma de 'reconquistar' una zona en la que se centralizan las ventas de drogas de la ciudad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 9 de noviembre de 2001