Tres casos que suman 54.000 millones

El presidente de Canarias, Román Rodríguez (Coalición Canaria), ha designado al consejero de Educación, Cultura y Deportes, José Miguel Ruano, para que defienda la gestión de sus dos primeros años al frente del Ejecutivo. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Alcaraz, será el encargado de defender la moción de censura el martes por la mañana, mientras el candidato socialista, Juan Carlos Alemán, ofrecerá su discurso de alternativa de gobierno esa misma tarde. La votación de la censura, condenada a no prosperar, se hará el miércoles.

Además de criticar la 'mordaza' de órganos fiscales como la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social y el propio Parlamento, los casos de corrupción a los que aluden constantemente los socialistas canarios son básicamente los tres que actualmente tramita la Fiscalía Anticorrupción: ICFEM, Tindaya y Jinámar. El Gobierno ha defendido siempre que las investigaciones han partido siguiendo instrucciones del propio Rodríguez.

En el caso ICFEM se investiga el destino y justificación de miles de millones de pesetas en subvenciones a academias, sindicatos y empresas que tuvieron que haberse empleado en cursos de formación. La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales reclama ahora la justificación de esos gastos o la devolución de lo recibido.

En Tindaya, se investiga el paradero de al menos 1.200 millones de pesetas entregados a la UTE (Unión Temporal de Empresas), integrada por FCC y Necso, por unos estudios preliminares sobre la viabilidad del proyecto de Eduardo Chillida para construir en el interior de la montaña un hueco de 40 metros cúbicos.

En el caso Jinámar se trata de esclarecer un posible quebranto patrimonial a la comunidad autónoma de 24.000 millones de pesetas, por la cesión a Las Palmas de Gran Canaria de terrenos públicos sin uso comercial sobre los que sin embargo se construirá un hipermercado.

Juan Carlos Alemán asegura que, sólo la suma de estos tres casos, supone más de 54.000 millones de pesetas de fondos públicos cuyo destino el presidente Román Rodríguez no ha aclarado suficientemente.