Señores ministros

La trucada comparecencia de los ministros de Economía y de Hacienda ha dado el cerrojazo a las sesiones públicas de la Comisión de Investigación sobre el caso Gescartera, creada hace mes y medio para depurar las responsabilidades políticas derivadas de ese maloliente escándalo. La indebida extensión del artículo 202 del Reglamento del Congreso (referido a las comparecencias informativas de los ministros ante las comisiones ordinarias) a las comisiones de investigación (reguladas por el artículo 76 de la Constitución, la ley orgánica 5/1984 y el artículo 52 del Reglamento de la Cámara baja) permitió a Rato y a Montoro eludir el procedimiento de interrogatorio aplicado a los demás comparecientes; los señores ministros, y a su rebufo el secretario de Estado Folgado y el gobernador del Banco de España, agruparon las preguntas de cada comisionado para contestarlas globalmente, dispusieron de tiempo ilimitado en las réplicas y dijeron la última palabra.

Ese arbitrario cambio del formato fue aceptado por el obsecuente presidente Mardones pese a sus dulces objeciones iniciales; la mayoría absoluta del PP, que le permitirá dictar las conclusiones finales de la investigación parlamentaria, no le autorizaba, sin embargo, a cambiar de criterios una vez puesta en marcha la comisión: ¿sería legítimo modificar el reglamento de una competición deportiva para favorecer al equipo de casa cuando va perdiendo el partido? El temor del Gobierno a que un interrogatorio con preguntas y respuestas encadenadas estrechase el cerco de las posibles negligencias o connivencias de los ministros y ofreciese pistas sobre el dinero negro y los deslices de la Agencia Tributaria desembocó en la conculcación del derecho de los comparecientes a un trato igual.

El caso Gescartera, sin embargo, no ha sido bien enterrado por los sepultureros del PP: el sumario abierto en la Audiencia Nacional por la juez Palacios para dilucidar las responsabilidades penales de los implicados en el escándalo político-financiero puede deparar sorpresas sólo comparables a las ya ofrecidas por los rumbosos regalos del consejero-delegado del chiringuito, Antonio Camacho, al ex vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Luis Ramallo o por las revelaciones del dietario de su presidenta (hermana de Enrique Giménez-Reina, ex secretario de Estado de Hacienda y ex presidente de la Agencia Tributaria) sobre Pilar Valiente (consejera y luego presidenta de la CNMV). En cualquier caso, las contradicciones, omisiones o mentiras en que incurrieron algunos comparecientes tan estrechamente vinculados al PP como el ex diputado Ramallo en su declaración parlamentaria han desmontado el cuento de hadas gubernamental de que el escándalo de Gescartera es una 'simple estafa'.

Una vez afloradas en la comisión las oficiosas labores de celestineo de Enrique Giménez-Reyna en favor de Gescartera, las amistades peligrosas de Luis Ramallo con Antonio Camacho y las oscuras actuaciones de Pilar Valiente (inicialmente presentada por los medios gubernamentales como una Agustina de Aragón rediviva), el Gobierno ha excavado una segunda trinchera para eludir o minimizar sus responsabilidades políticas. Los ministros Montoro y Rato afirman que la dimisión-cese de Giménez-Reyna y de Valiente pagan todas facturas del festejo. El vicepresidente de Asuntos Económicos sostiene que la responsabilidad política por un nombramiento incorrecto sólo es exigible al ministro afectado si se obceca en mantener al réprobo en su cargo; durante una reciente entrevista televisiva, Rato se permitió la desdeñosa broma de equiparar, a efectos de sus responsabilidades políticas, la designación de Valiente y Ramallo para la CNMV con el nombramiento del candidato del PSOE para la Comisión Nacional de la Energía. Sabemos, en conclusión, que los ministros de Economía y de Hacienda no están dispuestos a dimitir por el caso Gescartera, pese a la severa doctrina sobre responsabilidades políticas que el PP predicó en sus tiempos de oposición al Gobierno de Felipe González; sólo queda ahora por averiguar si el presidente Aznar seguirá compartiendo a medio plazo la tesis de que el sacrificio de Giménez-Reyna y de Valiente y el eventual expediente disciplinario a Ramallo bastarían para depurar las responsabilidades in eligendo o in vigilando de su Gobierno en este pestilente asunto.