Los municipios turísticos reclaman un tratamiento especial en el nuevo sistema de financiación local

La insuficiencia financiera es un mal endémico que afecta al conjunto de los ayuntamientos españoles, pero que aqueja con especial gravedad a los municipios turísticos. Bajo esta premisa, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha organizado en Málaga unas jornadas sobre fiscalidad que, según reconoció su vocal de Turismo, Francisco Candela, se inscriben en la campaña de presión sobre el Gobierno para que considere las especiales necesidades financieras de las ciudades turísticas en el nuevo sistema de financiación municipal que presentará en el primer trimestre de 2002.

Candela, que es concejal de Santiago de Compostela, recordó que, a diferencia de lo que ocurre con otros sectores económicos, el producto turístico incluye componentes como servicios públicos, limpieza, seguridad, infraestructuras o paisajes, que los ayuntamientos se ven obligados a sufragar.

Según el vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga, coorganizadora de las jornadas, Rafael Rodríguez (IU), 'la suficiencia financiera es necesaria para que sea posible ofrecer unos destinos turísticos de calidad'.

El catedrático de Derecho Público Juan Zornoza localizó la base del problema en la rigidez de la actual Ley reguladora de las Haciendas Locales, que trata a todos los municipios de forma homogénea, sin considerar ningún aspecto singular, y tampoco les da autonomía impositiva.

El reparto de los ingresos del Estado tiene como principal criterio el de población de derecho, lo que genera el desequilibiro en los municipios turísticos, que tienen que atender a contingentes de ciudadanos que llegan a duplicar y triplicar el censo. Este criterio de población asistida es el que la FEMP quiere que se introduzca en el nuevo modelo de financiación de las haciendas locales.

'Los municipios nos hemos tenido que sobredimensionarnos, contratando policías y haciendo inversiones en infraestructuras viarias, paseos, suministros o servicios como los de salvamento en las playas y limpieza de éstas, que están por encima de nuestras posibilidades económicas', lamentó el alcalde de Roses y presidente de la Diputación de Girona, Carles Páramo.

El consejero de Turismo y Deportes, el andalucista José Hurtado, apoyó la reivindicación de estos ayuntamientos y anunció que para el primer trimestre del año entrará en vigor el decreto que regula el municipio turístico y que ya ha sido consensuado con los agentes sociales y la Federación Andaluza de Municipios y provincias (FAMP). Esta tipificación permitirá que los municipios que accedan a ella, entre 50 y 60 en la comunidad autónoma según los criterios estipulados para lograrla, puedan recibir financiación adicional de la consejería para determinadas actuaciones. Hurtado recordó también que para ello se exigirán unos determinados criterios en la política urbanística de los ayuntamientos que garanticen un desarrollo sostenible.

Esta regulación ya existe en la Comunidad Valenciana, aunque con criterios más amplios que han permitido declarar 89 municipios turísticos y otros 22 provisionales, mientras existen 28 solicitudes en tramitación. Todos estos municipios se repartirán el año que viene 850 millones de pesetas, cantidad que la propia Generalitat admite insignificante.

Según constataron ayer los participantes en las jornadas, las opciones de nuevos impuestos son muy escasas. De hecho, sólo la representante de Baleares defendió la implantación de una ecotasa, impuesto aprobado por el Parlamento autonómico en abril y que el Gobierno central ha recurrido en el Tribunal Constitucional.