El Ministerio de Justicia traslada al Gobierno el contencioso sobre el ducado de Valencia

La Unidad de Títulos Nobiliarios del Ministerio de Justicia no tiene previsto resolver el contencioso mantenido entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y la Sociedad Económica de Amigos del País, que remitieron informes oponiéndose a la nueva concesión del Ducado de Valencia, y un descendiente indirecto del capitán general Ramón María de Narváez, quien ostentó por primera vez dicho título. Será el Consejo de Ministros quien tome la decisión de renovar el título o, por el contrario, concederlo con una denominación distinta como piden estos informes.

Contraviniendo todos los privilegios concedidos a la ciudad y el Reino de Valencia por el rey Jaume I y todos sus sucesores, la reina Isabel II concedió el título de duque de Valencia al capitán general Ramón María de Narváez y Campos el 26 de noviembre de 1847, sin que en ese momento las autoridades de la ciudad mostrasen ninguna oposición al respecto. Aunque dicho título no implicaba señorío o vasallaje directo sobre la ciudad -en ese momento ya ninguno lo tenía-, simbólicamente sí lo representaba, lo que le confería el mismo valor de los ducados de Gandia o Segorbe o cualquiera otra dignidad nobiliaria.

Según varios especialistas en heráldica y nobleza, Valencia, como Aragón, Mallorca, Sicilia, Cerdeña o Nápoles siempre tuvo un rey, y de acuerdo con el privilegio concedido en 1377 por el rey Pedro IV de Aragón y II de Valencia, la coronada ciudad de Valencia no puede tener más señor que el rey, 'sin que nadie pueda separarla de la real corona ni de derecho, ni de hecho, ni tan siquiera figurada o simbólicamente'. En ese sentido, entre la persona titular de la real corona y la ciudad y Reino de Valencia 'no puede interponerse otra dignidad que signifique señorío alguno'. 'Jamás el nombre de Valencia puede relacionarse con otra corona que no sea la real que ciñen nuestros reyes, pues lo contrario es vulnerar siglos de gloriosa y leal trayectoria histórica', explican.

Sin descendenciaEl duque de Valencia murió sin descendencia directa, y sus títulos pasaron a su sobrino, José María de Narváez y Porcel. A partir de éste, los títulos se heredaron por asignación regular y legalmente, hasta el cuarto duque, José María de Narváez y Pérez de Guzmán el Bueno, con carta de sucesión de 1917. Sin embargo, ninguna de sus dos hijas legalizó la sucesión de los títulos a su muerte, y durante varios años, el de duque de Valencia, estuvo caducado por impago, ya que la familia había ido a menos. Pero a finales de 1993 fue rehabilitado a instancias de una de sus dos hijas, María Josefa de Narváez y Macías, de Cáceres, lo que provocó un hondo malestar en los círculos de la nobleza valenciana más fieles a la historia. A la muerte de la duquesa, acaecida en marzo de 1994, cuando se planteó la sucesión del título por parte del heredero, quien ha llegado a cambiarse el apellido para llevar en primer lugar el Narváez de su madre, el Consell d'Heràldica de Valencia inició una campaña de concienciación entre las instituciones valencianas, y dentro del plazo establecido por la ley, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y la Sociedad Económica de Amigos del País, elevaron al Ministerio de Justicia una serie de escritos oponiéndose a que dicho ducado fuese concedido nuevamente con la denominación de Valencia.

La Presidencia de la Generalitat, ocupada entonces por el socialista Joan Lerma, fue la primera en reaccionar, y en julio de ese año, mandó a la Casa Real una carta en la que ponía de relieve este 'contrasentido histórico', a la vez que solicitaba al Rey que considerase el cambio de denominación, puesto que no se trataba de impedir el reconocimiento nobiliario de la familia De Narváez. Apenas unos meses depués, la Generalitat remitió un completo informe al Ministerio de Justicia e Interior con el mismo ruego.

Asimismo, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se dirigió en el mes de octubre al titular de este ministerio, José Alberto Belloch, para pedirle que no permitiese la sucesión del título, ya que ello suponía un 'atentado contra la historia de Valencia y contra su derecho fundamental', por lo que ofendía 'la dignidad y el orgullo de los valencianos'. En ese sentido, el escrito del Ayuntamiento insistía en que 'era inconcebible un ducado de Valencia cuando S. M. el Señor Rey es Rey de la ciudad y Reino de Valencia'.

En idénticos términos, la Real Sociedad Económica de Amigos del País remitió un informe al ministerio, incidiendo en que esta concesión 'atenta contra la historia de la ciudad, ya que como dispuso el gran rey Jaume I, ésta no podía ser enajenada de la corona'. En una exposición contundente, el presidente de la entidad, Francisco Oltra, aseguraba que la concesión 'vulnera no sólo el derecho foral valenciano, sino que transgrede las leyes de Nueva Planta del siglo XVIII y las posteriores'.

Resolución políticaTras siete años de proceso de recopilación de datos, en los que el abogado de la familia Narváez ha logrado el apoyo de la Diputación de la Nobleza (que no quiere precedentes que puedan suponer supresión de títulos de ésta índole) y un informe favorable del Consejo de Estado, la Unidad de Títulos Nobiliarios, dependiente del Ministerio de Justicia, ha trasladado recientemente al Gobierno el expediente para que en breve adopte un resolución a través de un decreto que luego será sancionado por el Rey.

Sin embargo, en todo este tiempo, la Generalitat Valenciana o el Ayuntamiento de Valencia apenas han realizado otras gestiones de presión para la resolución de un asunto que, por encima de cualquier otra consideración, es político y se libra sobre todo en los despachos. Varios de los impulsores de esta campaña de sensibilización coinciden en que 'una resolución política necesita de una acción política', por lo que se trata de un momento crucial para que la Administración valenciana ejerza toda su influencia sobre el Gobierno central para evitar la renovación de un título contrario al derecho valenciano.