EE UU, ante el terror

Las reformas legislativas firmadas ayer por el presidente George Bush, tras su aprobación casi unánime por las dos Cámaras, conceden al Gobierno norteamericano amplísimos poderes para interceptar comunicaciones, investigar cuentas bancarias, detener y deportar a cualquier extranjero al que se considere sospechoso de tener vínculos con organizaciones terroristas. Bush anunció que la nueva legislación antiterrorista 'se aplicará con toda la urgencia de una nación en guerra'. El fiscal general, John Ashcroft, dibuja un panorama de rigor extremo en su aplicación: 'Si su visado se pasa un solo día de validez, será detenido; si viola una ley local, será encarcelado... Utilizaremos cualquier medio que nos conceda la ley'.

El nuevo texto legal, tramitado en el tiempo récord de mes y medio, deberá ser manejado con cautela para evitar que lesione los fundamentos del Estado de derecho. Para desmayo de las organizaciones de libertades civiles, la Administración ha obtenido del Congreso casi todo lo que pedía. Los cuerpos de seguridad y las agencias de espionaje, además de compartir su información, podrán registrar viviendas con mayor facilidad, practicar escuchas telefónicas y fiscalizar el correo electrónico de los sospechosos. En sus diez capítulos, la ley, que aumenta el tipo de delitos que se consideran terrorismo y amplía las penas por su comisión, aspira a cubrir todos los posibles flancos: desde un formidable refuerzo de la policía de fronteras (las de Canadá, sobre todo), de los servicios de inmigración y de aduana, hasta los nuevos poderes al Departamento del Tesoro para dirigirse contra países y bancos que pudieran alimentar las finanzas de los terroristas.

El titular de Justicia no ha conseguido, afortunadamente, el visto bueno de los legisladores en dos aspectos cruciales. El Senado ha reducido a una semana su pretensión de que los extranjeros sospechosos pudieran ser detenidos indefinidamente sin cargos. Y la Cámara de Representantes ha impuesto que las medidas más delicadas referidas a la vigilancia electrónica de personas deban ser renovadas judicialmente cada cuatro años, en lugar de la vigencia ilimitada que pedía el Gobierno. Parece una mínima cautela para permitir al Parlamento lidiar con las consecuencias imprevistas de las nuevas facultades otorgadas a los agentes de la ley.

Bush quiere implicar en la batalla a todos los sectores sociales. Pero en un país edificado sobre la idea misma de las libertades individuales, la aplicación de algunas de las medidas sancionadas ayer está llamada a la controversia, pese a su aceptación inicial. El futuro inmediato dirá si, como temen algunos, ciudadanos inocentes caen en las redes de unos poderes de vigilancia definidos con excesiva amplitud o si éstos acaban siendo utilizados en casos penales ordinarios, sin conexión con delitos terroristas. El interrogante de mayor calado, sin embargo, es hasta qué punto los evidentes recortes a las libertades públicas que se han puesto en marcha van a contribuir a fortalecer la seguridad de una nación que ahora mismo, a consecuencia de los envíos postales de ántrax, está ya al borde de la obsesión colectiva.