La oposición de Málaga lleva a los tribunales tres denuncias contra el PP

La oposición municipal de Málaga -PSOE e IU- llevará a los tribunales tres asuntos urbanísticos que considera ilegales y que el PP sacó ayer adelante en el pleno con su mayoría absoluta. Se trata de una recalificación de terrenos para construir viviendas de renta libre en una zona de protección oficial; una valoración de terrenos municipales aportados a los adjudicatarios del servicio de limpieza, y la desidia en rehabilitar la barriada de la Pelusa.

En el caso de la recalificación de terrenos en Teatinos, defendida por el concejal de Urbanismo Manuel Ramos, la oposición denuncia plusvalías de más de 20.000 millones de pesetas para los promotores. El PSOE va a recurrir el convenio ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Estos terrenos estaban destinados a viviendas de protección oficial para estudiantes y profesores. A cambio de este condicionante, a los promotores se les compensó con un nivel de edificabilidad que dobla el autorizado para las fincas colindantes. El nuevo acuerdo elimina el condicionante pero mantiene el exceso de edificabilidad.

También el PSOE anunció que denunciará al equipo de gobierno por malversación, por valorar unos terrenos municipales que el ayuntamiento aportó a Limasa, la empresa mixta de limpieza, a razón de poco más de 12.000 pesetas el metro cuadrado, cuando la valoración de una parcela colindante fue de 50.000 pesetas el metro cuadrado. El PSOE calcula un quebranto a las arcas municipales de más de 112 millones.

La última polémica está ya en los tribunales de la mano de IU. Este grupo ha denunciado ante la Fiscalía de Málaga un presunto delito de prevaricación por la desidia en la rehabilitación de la barriada de la Pelusa, que data de 1917 y donde la tardanza en acometer las obras para adecentar los inmuebles ha llevado a la ruina a los edificios. IU sostiene que el PP está propiciando una operación especulativa en la parcela.

De otro lado, IU se quedó sola al solicitar la dimisión del concejal de Hacienda, Francisco Aguilar, de nuevo expedientado por Urbanismo por acometer una obra sin licencia en su casa después de haber sido sancionado previamente por el mismo motivo. El PSOE decidió abstenerse, pero condenó la 'inmoralidad' del hecho.

El pleno tuvo que ser suspendido por las protestas de los vigilantes de playa, que reclaman la ejecución de un acuerdo plenario que instaba a contratarlos por seis meses.