El delegado de Transportes de Sevilla se opone a la gestión privada del metro

El acuerdo entre la Sociedad Metro de Sevilla y la Consejería de Obras Públicas para encargar a una empresa privada la construcción, gestión y explotación del metro sevillano no ha convencido al delegado de Tráfico y Transportes, Blas Ballesteros. El concejal socialista, y presidente del Consejo de Administración de Tussam, advirtió ayer de que intentará consensuar con la Junta una fórmula de gestión en la que esté presente la empresa pública, a la que le corresponde gestionar todos los transportes públicos.

La fórmula de concesión administrativa escogida por la Consejería de Obras Públicas y la Sociedad Metro de Sevilla para la construcción y posterior gestión y explotación de la primera línea del metro sevillano no parece contar, en un principio, con el beneplácito del Ayuntamiento. El delegado de Tráfico y Transportes, Blas Ballesteros (PSOE), se afanó ayer en demostrar que aceptaba de buen grado el acuerdo, pero adelantó que su delegación 'va a defender' un modelo de gestión en el que esté presente Tussam.

No obstante, Ballesteros, quien recordó que incluso existe ya un proyecto de formación para el metro de conductores de la empresa pública de transportes, rechazó que la intención municipal choque con el acuerdo alcanzado entre la Junta y la Sociedad Metro de Sevilla. Para el concejal socialista, lo más positivo del anuncio del pasado miércoles es que la administración autonómica 'va a garantizar' la construcción del metro.

Sin embargo, el Comité de Empresa de Tussam emitió ayer por la tarde un comunicado en el que mostraban su rechazo a la decisión hecha pública por Alejandro Rojas Marcos, que preside la Sociedad Metro de Sevilla, y la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez. Los sindicatos aseguran que el acuerdo transgrede los artículos 1 y 2 de los estatutos de la empresa pública de transportes, que estipulan que el Ayuntamiento presta el servicio de transporte urbano en forma de monopolio a través de Tussam, a quien corresponde la gestión, explotación y administración de los servicios públicos de transportes colectivos, 'ya sean de superficie como subterráneos o aéreos'.

Los sindicatos consideran, además, que la fórmula de concesión administrativa a na empresa privada supone anteponer el interés económico y empresarial al interés social 'defendido desde siempre por ese Ayuntamiento'. El comité de empresa exige incluso la 'dimisión inmediata' del director de relaciones con otros medios de transporte de Tussam, Juan Pantión, por no haber informado a la representación social de la compañía, 'a pesar de la importancia y repercusión de dicho acuerdo para la empresa que le paga'.

Los representantes sindicales, que exigen también la convocatoria de un pleno extraordinario urgente para tratar este asunto, advierten de que, si no se rectifica el acuerdo, propondrán en asamblea de trabajadores 'medidas de lucha' para garantizar sus puestos de trabajo.

Por otra parte, Alejandro Rojas Marcos cifróa yer en 50.000 millones de pesetas el coste inicial del proyecto del metro y subrayó que la fórmula de concesión administrativa no libera a la administración pública de su compromiso de financiación. El presidente de la Sociedad Metro de Sevilla precisó que los presupuestos del año que viene tendrán que contemplar esta inversión, pero no de forma 'simbólica', sino con 'partidas importantes'.

Los dos grupos de la oposición del Ayuntamiento sevillano criticaron de forma contundente el acuerdo, aunque apelaron a razones muy distintas. Para el PP, la Junta se ha desentendido del proyecto y 'ha incumplido su compromiso' de dotar presupuestariamente al metro. IU, por su parte, teme las consecuencias que pueda tener para el metro 'el afán de negocio' de una gestión privada.