Blasco no sancionó a una residencia de Chiva pese a detectar infracciones graves en 2000

Los problemas de la residencia pública de Chiva, gestionada por la empresa Vareser, comenzaron poco después de su inauguración, en mayo de 2000. En diciembre, la inspección de Bienestar Social detectó infracciones graves como la falta de un plan de emergencias o que, pese a haber baños, sólo se lavaba parcialmente a los residentes, además de que el centro carecía de una plantilla adecuada. Pese a ello, el consejero Rafael Blasco no sancionó a la residencia. Algunas de las irregularidades no se subsanaron, lo que derivó en una caso de desnutrición y mala atención.

El informe de la inspección realizada a la residencia de Chiva el 12 de diciembre de 2000 relata una exhaustiva retahíla de irregularidades relativas a aspectos como el personal del centro, deficiencias en estructura, funcionamiento, las exigencias del contrato o alimentación.

El documento destaca que la plantilla del centrro se encuentra 19 trabajadores por debajo de los que debería haber. Frente a los 67,5 a los que se comprometió la empresa que gestiona la residencia, la inspección contabilizó 48,5. Uno de los aspectos más destacados, en relación al personal, es la existencia de 20 auxiliares de clínica frente a los 29 estipulados. Además, hay una médico que se desplaza al centro determinadas horas, pese a que en el pliego de las condiciones de la explotación en la residencia se especifica que 'la subcontratación sólo podrá recaer en prestaciones accesorias' y en la ausencia de un técnico medio de asistencia social.

A ello suma la falta de plan de emergencias y evacuación, o que el sistema de detección de incendios no se encontraba en funcionamiento el día de la inspección, lo que son infracciones graves, según la ley de servicios sociales. La lista de irregularidades incluye la falta de apoyos en pasillos, de personal de enfermería cinco de cada 24 noches o hechos tan sorprendentes como que, a mediados de diciembre, 'la calefacción no estaba en funcionamiento o si lo estaba, mediante un sistema de regulación tan bajo que los radiadores estaban fríos'. No había supervisión de los menús por parte de técnicos de inspección y tampoco se usaban los baños geriátricos, sino que se realizaban baños parciales a los internos. Precisamente, estas dos situaciones motivaron una queja por parte de los familiatres de una residente en agosto. Al percibir la falta de cuidados que recibía una mujer de 87 años y enferma de Alzheimer, los hijos de ésta la llevaron al hospital Doctor Moliner, donde se le diagnosticó desnutrición y úlceras cutáneas, producidas por la falta de higiene y de movilidad.

La inspección concluyó con una serie de propuestas, que, como demuestra el caso de la anciana, que se produjo ocho meses después, el centro no subsanó. Entre las recomendaciones se encuentran aspectos como el de aumentar la plantilla, subsanar las deficiencias de seguridad, 'mantener una temperatura adecuada', o recordar aspectos básicos como que 'los baños geriatricos deben ser utilizados de forma periódica con los residentes encamados'. Además, recomienda reducir en 7,5 millones el pago de Bienestar Social por las deficiencias.

Fuentes de la consejería señalaron ayer que pese a las irregularidades detectadas por la inspección de diciembre no se expedientó al centro. Sin embargo, tras la última denuncia y al detectar que no se han subsanado las irregularidades, Bienestar Social ha abierto un expediente sancionador contra la empresa que gestiona el centro.