Expertos critican la improvisación en los trabajos arqueológicos

Han pasado casi dos décadas desde que la comunidad andaluza recibiera todas las competencias relativas a su patrimonio histórico. Desde 1988, y cada dos años, las Jornadas de Arqueología Andaluza han sido punto de encuentro para dar a conocer y contrastar las actuaciones realizadas con el patrimonio. Las jornadas han cumplido su octava edición en Almería y han reflexionado sobre el trabajo realizado en una comunidad que cuenta con 4.000 catalogaciones específicas -de ellas casi 2.000 son Bienes de Interés Cultural (BIC)- lo que, sin embargo, sólo representa el 10% del patrimonio andaluz.

El número de intervenciones planificadas en materia de patrimonio histórico rondó, durante el año 2000, el medio centenar, justo la octava parte de las llamadas 'intervenciones de urgencia', que rondaron las 400. Esta última cifra fue generada siempre por actuaciones de obras por temas urbanísticos, planeamientos del territorio o infraestructuras. Sin embargo, las excavaciones, prospecciones superficiales o actividades documentales que propiciaron no cumplieron, en un 90%, el objetivo de convertirse en documento público.

'Los medios son pocos y los promotores están obligados a poner dinero, pero como se pone por obligación no se establece qué pasa luego con los objetos que se recogen. Se interviene para quitar el problema de manera inmediata, pero no se prevé qué pasa luego para que el objeto se convierta en documento histórico', sostiene el profesor de Prehistoria y presidente de la Comisión Arqueológica Andaluza, Pedro Aguayo.

Utilidad social

El encuentro de historiadores y expertos que durante tres días han debatido en Almería en torno al patrimonio arqueológico en Andalucía ha revelado la necesidad de redefinir la utilidad social del investigador. Tras él se puede adivinar una inversión de los términos hasta ahora empleados en materia patrimonial. 'No podemos hablar de protección, conservación y difusión si todos esos pasos no están iluminados por la investigación. Ahora es cuando se empieza a difundir para proteger y a conservar de manera jerárquica y ordenada. Es necesario que el gran público valore el patrimonio con la educación', resume Aguayo.

La comunidad vive la paradoja de conocer mejor que nunca el volumen de yacimientos que posee en su territorio sin que su investigación haya repercutido lo más mínimo en el cuerpo social por un permanente 'divorcio de intereses'. A la decena de conjuntos arqueológicos protegidos con planes especiales se suman actuaciones en términos municipales y cascos urbanos de 50 núcleos poblacionales: existen 20 cartas de riego municipales en las que se especifica la ubicación exacta de los restos arqueológicos y otras 32 se contratarán con otros tantos ayuntamientos en breve.