La alcaldesa de Aznalcóllar reclama ayudas inmediatas al Gobierno central
![Alejandro Bolaños](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Ffeea00e5-b137-42b1-ba1b-f5ebf33d151f.png?auth=bfe8b0a84668bb5389bc2cc6006bab5ee7b912875154facd406e86599ce27674&width=100&height=100&smart=true)
A Aznalcóllar se le echa el tiempo encima. El plazo marcado por Boliden Apirsa para abandonar la mina donde se originó el vertido tóxico hace más de tres años está a punto de expirar (la empresa tiene decidido irse en noviembre y ya presentó expediente de extinción de empleo) y la alcaldesa del municipio sevillano, Salud Santana, lamentó ayer 'la falta de compromiso' del Gobierno central para aprobar 'ayudas inmediatas' que palien el 'drama social' que va a provocar el fin de la actividad minera en el pueblo.
El efecto del cierre de la mina en la economía de Aznalcóllar va a ser brutal. Según los datos de la alcaldesa, 273 de los 425 trabajadores afectados son vecinos del pueblo y, si van al paro, la lista de desempleo del municipio aumentaría en un 148%. Y las arcas municipales también van a quedarse tiritando: los impuestos que pagaba 'religiosamente' Boliden al Ayuntamiento, unos 70 millones anuales, suponen una quinta parte de los ingresos de los presupuestos municipales.
La alcaldesa reclama al Gobierno central que diga públicamente si está dispuesto a aportar dinero al plan de diversificación que ha presentado la Junta a Bruselas, valorado en 7.852 millones de pesetas. La distribución de los fondos entre las distintas administraciones está pendiente de la decisión de la Comisión Europea, pero Santana dijo no haber recibido 'ninguna señal' del Ejecutivo. La alcaldesa también quiere saber si el Gobierno acometerá las inversiones necesarias en carreteras (unos 800 millones) para facilitar el acceso al futuro polígono industrial que la Junta plantea ubicar en suelos de la empresa minera, ahora embargados.
'He pedido entrevista con el delegado del Gobierno [José Hurtado] en Andalucía, pero aún no me han convocado'. Santana también quiere que el Gobierno central asuma la deuda del Ayuntamiento con la Seguridad Social (150 millones), que le impide acceder a programas de ayuda comunitarios. 'Los trabajadores están dispuestos a ir a Madrid a manifestarse', advirtió.
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