Los Verdes pide a Cardenal que actúe contra las anomalías contables de Gil

El grupo Los Verdes ha exigido al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que remita a los tribunales el informe del Tribunal de Cuentas, que en su fiscalización del Ayuntamiento de Marbella entre 1991 y 1999 detectó la existencia de 62.000 millones de pesetas de gastos públicos sin justificar. La parlamentaria andaluza Inmaculada Galvez pide a Cardenal que acuerde medidas cautelares, agilice la investigación y dé 'carácter preferente' a las diligencias contra el equipo de gobierno que preside Jesús Gil.

Inmaculada Gálvez recordó ayer que la Fiscalía General del Estado se comprometió en un escrito de fecha 22 de junio de 2001 a 'examinar con atención' todas las irregularidades financieras descubiertas por los auditores del máximo órgano fiscalizador, especialmente aquellas 'que pudieran ser objeto de persecución criminal'.

Aseguró que el propio Cardenal reconoció la necesidad de una rápida respuesta judicial dada la trascendencia social de ese tipo de actividades delictivas, algo que, insiste, 'no se ha producido pese a haber transcurrido cuatro meses'.

En un escrito remitido a la Fiscalía, Gálvez insta a que 'sin demora' acuerde medidas cautelares que pongan fin a las irregularidades y que impidan la destrucción de pruebas. 'Los presuntos culpables se encuentran aún en funciones del gobierno municipal y pudieran continuar en esas prácticas', recuerda. En noviembre de 2000, cuando la oposición municipal de Marbella pidió a Gil explicaciones en un pleno sobre el agujero contable, el alcalde se negó a darla. Precisamente ayer se conoció una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que obliga a repetir este pleno. La sentencia fue acogida por la oposición con una satisfacción relativa, ya que finalmente, la información se obtuvo por otros cauces y la sentencia llega tarde.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas ha declarado el embargo de un local para garantizar el pago de 92 millones de pesetas por parte de tres ex concejales del GIL. El Tribunal abrió un procedimiento a raíz de la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas de Andalucía al consistorio marbellí en la que detectó cantidades sin justificar por parte de los ediles Pedro Román, Manuel Calle y Dolores Zurdo. Los concejales han presentado como aval el local ahora embargado.