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El TSJA lleva de nuevo al Constitucional las oposiciones de la Junta

Justicia ve un error en la nueva tramitación

Luis Barbero

El futuro de los 3.200 funcionarios interinos de la Junta vuelve a estar en manos del Tribunal Constitucional. La sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla ha elevado otra vez una cuestión de inconstitucionalidad al alto tribunal sobre unas oposiciones convocadas por la Administración autonómica en 1998. La sección intenta subsanar el error que cometió en la tramitación de la anterior cuestión (fue presentada por la sala de lo contencioso administrativo del TSJA en su conjunto, en vez de por la sección, como prevé la ley), pero prolonga la incertidumbre de los interinos.

Tras el rechazo inicial del Constitucional a la cuestión planteada por el TSJA por un defecto de forma, la consejera de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín, había manifestado su confianza en que por 'por sentido común' no se volviese a llevar al alto tribunal la convocatoria de las oposiciones. Sin embargo, la sección primera de lo contencioso, presidida por el magistrado Santiago Martínez Vares, decidió el pasado 19 de septiembre presentar de nuevo esta cuestión de inconstitucionalidad.

La sección que dirige Martínez Vares, presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), tramitó la cuestión al entender que la baremación de los concursos oposición convocados por la Junta, en la que se primaba la experiencia de los interinos, era contraria al principio de igualdad previsto en la Constitución. Esta baremación estaba prevista en la Ley de Presupuestos de la Junta de 1998.

En la nueva cuestión de inconstitucionalidad, esta sección del TSJA reitera los argumentos del primer caso y defiende la validez de la primera cuestión planteada, rechazada por defecto de forma por el Tribunal Constitucional el 17 de julio de este año y del que la Junta no tuvo conocimiento hasta la semana pasada. La Consejería de Justicia y Administración Pública conoció que el TSJA había presentado de nuevo la cuestión de inconstitucionalidad el pasado jueves tras demandar al tribunal información sobre el caso.

La nueva presentación de la cuestión cayó como un jarro de agua fría en Junta, funcionarios interinos y sindicatos, cuyos gabinetes jurídicos estudiaban ayer el nuevo giro del asunto.

La secretaria general para la Administración Pública, Presentación Fernández, expresó ayer su 'estupor absoluto' ante la insistencia del TSJA. Tras la decisión inicial del Constitucional, la Junta esperaba que el TSJA dictase sentencia y que ésta avalase la legalidad de las convocatorias de oposiciones. Fernández destacó la indefensión de la Adminsitración autonómica frente al 'error' del TSJA y subrayó que esta decisión 'lesiona los intereses de los interinos, de la Junta y el interés general'. Además, los servicios jurídicos de la Junta advierten otro error en la nueva cuestión planteada: en su opinión, la sección del TSJA debía haber comunicado a las partes la presentación para que hiciesen alegaciones, hecho que no ha ocurrido.

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Rocío Luna, que pertenece a la Federación de Asociaciones de Interinos de Andalucía y preside la organización de Sevilla, señaló ayer la 'indefensión' de este colectivo ante el error del TSJA. Luna recordó que el alto tribunal andaluz paralizó en 1998 la oposición '48 horas antes del primer examen'. 'Ya hemos perdido tres años y ahora vamos a perder más. Un fallo lo tiene cualquiera pero éste afecta a más de 3.000 familias. Es imperdonable', señaló Luna, quien abogó por que la Junta 'gobierne' y tome una 'decisión' sobre este colectivo.

Diego Alcaín, coordinador de Administración autonómica de CC OO, señaló como 'sorprendente' que el TSJA conociese desde julio el auto del Tribunal Constitucional y que éste se haya hecho público ahora. 'Es un error que provoca graves problemas' para los interinos, afirmó Alcaín. Pilar Marín, secretaria del sector autonómico de UGT, afirmó que la nueva cuestión del TSJA 'retrasa mucho más la normalización de la función pública y genera incertidumbre'.

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Sobre la firma

Luis Barbero
Es subdirector de Actualidad de EL PAÍS, donde ha desarrollado toda su carrera profesional. Ha sido delegado en Andalucía, corresponsal en Miami, redactor jefe de Edición y ha tenido puestos de responsabilidad en distintas secciones del periódico.

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