Francia da un paso al frente

Al menos una docena de etarras, entre ellos Ignacio Gracia Arregui, Iñaki de Rentería, cumplen las condiciones previstas en el reciente acuerdo hispano francés de Perpiñán para su 'entrega temporal' a España, porque se trata de personas ya condenadas en Francia. La lista se alargaría a más de setenta si se incluye también a los detenidos en fase de procesamiento y aún pendientes de sentencia. Los detalles no están fijados todavía, pero la voluntad política manifestada por el Gobierno francés es rotunda: veinticuatro horas antes de la cumbre hispano-francesa de Perpiñán, en París se sabía perfectamente que la decisión estaba tomada y que el Gobierno español iba a darse por satisfecho.

España sigue necesitando el apoyo de Francia para combatir a ETA. A Francia le viene bien la reciprocidad para otros tipos de grandes delincuencias

El campo de aplicación del pacto hispano-francés se ampliaría a un mínimo de 70 casos si se añaden los procesados que aún no han sido juzgados

Y así fue. El jueves 11 de octubre, José María Aznar acudió al encuentro con el mando bicéfalo del Estado francés, el presidente Jacques Chirac y el primer ministro, Lionel Jospin, con la seguridad de poder anunciar un éxito. La bicefalia francesa crea problemas de política interior y afecta a la imagen exterior de Francia, pero en el caso de la lucha antiterrorista las dos 'cabezas del Ejecutivo' saben que la UE camina hacia el sistema de la 'orden judicial europea'. Y sobre todo, los dos necesitan armas jurídicas con las que luchar contra el terrorismo islamista, que es lo que verdaderamente les preocupa. Si además esto contribuye a reducir las tensiones con España, a causa de ETA, mejor que mejor.

Aznar recibió de Chirac un apoyo total a la promulgación de la orden de detención europea durante el próximo semestre, en que España presidirá la Unión Europea. Es más: se sabe de una reunión técnica de fiscales en que los representantes de Francia plantearon reducir todos los plazos para la ejecución de esa orden. Pero hasta que el nuevo procedimiento sea efectivo, España sigue necesitando el apoyo de Francia para combatir a ETA, y a Francia le viene bien disponer de reciprocidad para otros tipos de grandes delincuencias. Eso conduce al encuentro de voluntades: hay que cooperar de facto en la lucha judicial contra el terrorismo, mientras se ponen a punto los instrumentos formales que ampararán esa lucha a escala de la UE.

Terreno abonado

Bin Laden ha hecho de catalizador, pero hay que reconocer que esa voluntad de encuentro cae sobre un terreno ya abonado bilateralmente. Desde febrero pasado se han llevado a cabo intensas gestiones para que el Gobierno de París no sólo detenga a los terroristas de ETA, sino que los entregue cuanto antes. No habrá un tratado bilateral que ampare la agilización de los procedimientos de extradición, como deseaba España, porque esto suscita problemas constitucionales en Francia; pero las decisiones tomadas en Perpiñán constituyen un salto cualitativo en el nivel de colaboración entre los dos países.

Una de las medidas menos conocidas es el compromiso mutuo de facilitarse el acceso a la información: los dos Estados se han reconocido el derecho de obtener 'inmediatamente' copias de la documentación obtenida en cada operación y elementos de prueba relativos a operaciones antiterroristas. En el lenguaje de los negociadores, esto se denomina 'intercambio espontáneo de la información en materia de investigación sobre terrorismo', que se efectuará entre las fiscalías de los dos países 'desde el momento en que se obtiene', recalcan las fuentes que han informado a este periódico. Esa 'espontaneidad' cubrirá el plazo hasta que se acuerden las debidas formalidades: esto es, el procedimiento preciso y las reglas de confidencialidad necesarias.

A este aspecto se agrega un acuerdo mucho más público: la 'entrega temporal' de delincuentes. Cada Estado pondrá a disposición del otro a personas procesadas o condenadas en el suyo, a efectos de instrucción de causas en el país que les reclama. El tiempo que pasen en la cárcel del otro Estado se les computará para purgar la pena que estaban cumpliendo en el país donde se encontraban. También se ha pactado un procedimiento de facto para que el país que detiene a un delincuente renuncie a acusarle de delitos menores si el que les reclama lo hace por asuntos de mayor importancia.

¿Cuál es el problema? Que el cumplimiento de estos acuerdos no puede ser inmediata. De ahí el relativo escepticismo observado en medios de la policía francesa y de la fiscalía y sus sonrisas al leer ciertos titulares de la prensa española, que vendió el acuerdo como si fuera a ejecutarse al día siguiente.

No está claro si la entrega temporal va a limitarse a los etarras con sentencia firme o se extenderá a los que estén procesados. En todo caso, la entrega de los etarras sentenciados en Francia será llamativa, porque entre ellos figuran Ignacio Gracia Arregui, Iñaki de Rentería, que está condenado a cinco años de prisión; Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, a seis; y con pena de ocho años se encuentra Josetxu Arizcuren Ruiz, Kantauri, todos ellos considerados altos jefes de ETA hasta sus respectivas detenciones.

Entregas directas

El campo de aplicación del pacto hispano francés se ampliaría a un mínimo de setenta casos si se añadieran los procesados que aún no han sido juzgados. Determinar todos estos detalles llevará un tiempo. Las mismas dificultades de puesta en marcha se aprecian en el mecanismo de la 'denuncia oficial', pensado para evitar que los etarras detenidos en Francia con documentación falsa, o con un arma, permanezcan en territorio francés hasta que respondan de esas infracciones menores. El nuevo procedimiento permite su entrega directa a España, si este país le imputa delitos más graves. ¿La acusación por asociación de malhechores, que suele ser lo primero que se imputa a los eterras detenidos en Francia, bastaría para convertir en papel mojado el pacto de Perpiñán? La puesta en marcha de este acuerdo depende principalmente de los fiscales y de la intervención final de la autoridad judicial.