Los municipios catalanes reclaman competencias para la justicia local en casos de pequeños delitos y faltas

Los municipios catalanes reclaman que la justicia local pueda actuar contra la pequeña delincuencia y las faltas. Así se señala en las conclusiones que ayer se expusieron en Reus en el marco del II Congreso de Municipios de Cataluña, organizado por las dos asociaciones municipalistas catalanas, la Federación de Municipios de Cataluña y la Asociación Catalana de Municipios.

Para ello, los consistorios locales piden poder resolver los problemas judiciales derivados de la pequeña delincuencia, los conflictos vecinales y los de salud pública o medio ambiente, y dotar a las policías municipales de competencias judiciales. Asimismo, solicitan compatibilizar los juzgados de paz con los de primera instancia e instrucción.

Los organismos locales consideran que el momento actual, en el que se está elaborando un Pacto por la Justicia de ámbito estatal, es el propicio para instaurar los juzgados de paz y dotarlos de competencias y recursos para que puedan resolver en su ámbito 'conflictos menores, de naturaleza civil, penal o jurídico-administrativa, que afecten a la convivencia ciudadana'. Además de reunirse en Reus, el Congreso de Municipios, celebrado por primera vez después de 68 años de su primera constitución, debatió en Lleida y Vic las ponencias sobre sostenibilidad y nuevas tecnologías, respectivamente.

La ponencia discutida ayer en Reus propone, además, que se aproveche la redacción del Pacto por la Justicia para la creación de un nuevo mapa judicial en Cataluña en el que se promueva la existencia de juzgados locales o de paz. Simplicidad procesal y rapidez en la resolución de los conflictos son los objetivos de estas instituciones locales en cuestiones 'menores de naturaleza civil, penal o administrativa'. En la creación de los juzgados se implicaría a los ayuntamientos, cuya jurisdicción dependería del número de habitantes. Así, se apunta la posibilidad de mancomunar entre los pueblos más pequeños los servicios de policía municipal, que debería tener también competencias de policía judicial.

La puesta en marcha de estos servicios descargaría de trabajo a los juzgados de primera instancia e instrucción. Según la ponencia, Cataluña debería disponer de 98 juzgados locales con 152 jueces (un juez por 50.000 habitantes) y los municipios de más de 10.000 habitantes tendrían que fijar un sueldo para la dedicación exclusiva de sus jueces. Los salarios y los recursos personales y materiales correrían por cuenta del Estado.