La Fiscalía pide en Málaga dos años para 5 acusados de accidente laboral

La reivindicación de los sindicatos de que se intensifique la persecución penal de la siniestralidad laboral no ha caído en saco roto. La Fiscalía de Málaga ha solicitado casi dos años de cárcel para cada uno de los cinco imputados por un accidente de trabajo que dejó parapléjico a un operario que cayó de cuatro metros de altura. El ministerio público pide nueve meses de prisión contra los acusados por un delito contra la seguridad de los trabajadores y otro año de cárcel por imprudencia. Además, solicita una multa de más de 720.000 pesetas y una indemnización de 40 millones. La calificación incluye al constructor, el promotor, el arquitecto técnico y el encargado de la obra.

En marzo de 1999, Sebastián C. M. cayó desde un forjado en el que trabajaba debido a la inexistencia de barandillas y del cinturón de seguridad. Debido a las lesiones sufridas, el trabajador quedó condenado de por vida a una silla de ruedas. Además, padece alteraciones de esfínteres y cuadros depresivos. En su calificación la Fiscalía argumenta que la caída se produjo porque no existían barandillas ni cinturón de seguridad, por lo que el obrero al perder el equilibrio se precipitó sobre unos hierros que había debajo, a unos cuatro metros.

Ésta es la tercera actuación por vía penal del ministerio público en un accidente laboral. Hasta ahora, el fiscal sólo intervenía en casos muy graves o que acababan con el fallecimiento del trabajador por un delito de imprudencia.

Actas de infracción

En estas últimas calificaciones, la novedad es que el ministerio público también pide penas de cárcel por un delito contra la seguridad de los trabajadores tipificado en el artículo 316 del Código Penal, por el riesgo que ha supuesto para los demás empleados el incumplimiento de las medidas de prevención por parte del empresario. En lo que va de año, la fiscalía ha estudiado más de 400 actas de infracción remitidas por la Inspección de Trabajo para determinar si procedía actuar por vía penal y proponer la apertura de juicio oral.

En mayo ya solicitó el enjuiciamiento de otros cuatro acusados -entre ellos los propietarios de una constructora, el arquitecto y el aparejador- porque debido al mal estado de conservación de un andamio y a que no se observaron las medidas de prevención exigidas por la ley, otro trabajador cayó al vacío y murió. En este caso, pidió para los cuatro imputados seis meses de prisión por un delito contra la seguridad de los trabajadores y otro año más por homicidio imprudente, además de una indemnización de 30 millones.

La tercera calificación, correspondiente a febrero, solicitó 18 meses de cárcel por homicidio imprudente para el dueño de un taller de reparación de neumáticos del polígono del Guadalhorce. Un trabajador estaba inflando una rueda sin la preceptiva jaula de seguridad. Cuando el neumático reventó, golpeó al empleado, que murió en el acto. Para sus familiares, pidió 20 millones de indemnización.