Vitoria suprime los sorteos para adjudicar pisos protegidos en medio de otra polémica

La polémica siempre ha acompañado a los sorteos multitudinarios de viviendas protegidas en Vitoria, pero también a la decisión del Ayuntamiento de suprimirlos. El equipo de gobierno PP-UA, con el apoyo del PSE, ha decidido que el sorteo de las 350 viviendas de promoción municipal de Ibaiondo, en la zona norte del barrio de Lakua, sea el último.

Los tres partidos consideran 'injusto' dejar en manos del azar un derecho de todos los ciudadanos. Y han acordado para el futuro un nuevo sistema que contemplará una lista ordenada de solicitantes en la que se prime a los 'más necesitados'. En esa relación, que se actualizará en cada nueva convocatoria, se valorarán los ingresos -'quién menos ingresos tenga contará con más puntos'-, la disposición de una cuenta-vivienda, tener hijos menores o personas con discapacidades a su cargo, así como el número de miembros de la unidad familiar -'más personas, más puntos'-. Este último criterio ha sido el detonante del rechazo por parte de la oposición de las bases para el sorteo de los 350 pisos de Ibaiondo, ya que, al margen de las reservas para familias monoparentales, minusválidos y casos de urgencia social, las 289 viviendas restantes estarán dirigidas únicamente a parejas de hecho o familias de dos o tres miembros, excluyendo a los solicitantes individuales. Así, de la lista de 14.774 aspirantes existente desde hace varios meses tanto para esta promoción municipal como para otra del Gobierno vasco de un millar de viviendas, cerca de 4.500 quedarán fuera por tratarse de demandas unipersonales.

El gobierno municipal y el PSE argumentan que es una fórmula de transición hacia el nuevo modelo que surja tras la eliminación de los sorteos, en donde se primará a las parejas y familias, pero las críticas han sido múltiples. El PNV la considera una decisión discriminatoria contraria al principio de igualdad. La oficina del Ararteko ha anunciado la apertura de un expediente informativo y el consejero de Vivienda, Javier Madrazo, calificó la medida de 'reaccionaria' e 'inconstitucional', y anunció que va a pedir un informe de legalidad para poner 'los medios que estén a nuestro alcance para que esta medida no salga adelante'.