Aznar propondrá al PSOE incluir al entorno etarra en la lista de organizaciones terroristas

El Gobierno propondrá en los próximos días al PSOE, en el marco del Pacto Antiterrorista, la inclusión del entorno etarra, sin descartar a Batasuna, un partido político legal, en la lista de organizaciones terroristas que elabora la Unión Europea. El empeño del jefe del Ejecutivo, José María Aznar, es cortar, por el procedimiento de la inclusión en las listas europeas, el flujo financiero a ETA. Fuentes gubernamentales admiten que la inclusión del entorno etarra, y de Batasuna en particular, en las listas europeas, plantearía, previsiblemente, su ilegalización con el problema jurídico que conllevaría.

El Ejecutivo está tratando, en la fase actual, de recoger pruebas que permitan demostrar a las autoridades de la UE la conexión de las organizaciones afines a ETA, incluida Batasuna, con la banda terrorista en los terrenos financiero, e incluso la participación activa. Varios ministerios, especialmente los de Interior y Justicia, trabajan en este intento. Así, el primero está elaborando una lista de miembros de Batasuna (antes Herri Batasuna, HB) detenidos por su apoyo o incluso su participación directa en la actividad de ETA.

El caso más reciente y suficientemente expresivo para el Gobierno es el de Asier Altuna, concejal de Azkoitia (Gipúzcoa) por Batasuna detenido el miércoles, con un coche-bomba en su garaje, preparado para explotar. La lista de militantes de Batasuna o HB detenidos como miembros de ETA en los últimos años supera con creces el centenar y entre ellos figuran algunos concejales y dirigentes.

El Ejecutivo está analizando, incluso, las subvenciones del Ejecutivo vasco a grupos que considera afines a ETA, como AEK (Coordinadora de Alfabetización de Euskera) y que sospecha, a través de las investigaciones realizadas por el juez Baltasar Garzón, que podrían haber contribuido a financiar a la banda.

El hilo de la financiaciónAsí, una de las pruebas que manejará el Gobierno ante la UE es un auto del magistrado, de noviembre de 2000, que contenía el procesamiento de cuatro miembros de AEK por financiar a las juventudes de Jarrai (ahora Segi) y pagar los sueldos de los miembros de la coordinadora KAS. Las fuentes gubernamentales confían en que 'tirando del hilo de la financiación a ETA pueda venirse abajo todo el entramado del MLNV'.

No ha pasado desapercibida, en este contexto, una frase que deslizó Aznar, en el debate del jueves en el Congreso, sobre el conflicto bélico y el terrorismo: 'Puede haber organizaciones que usen culturas o lenguas o editoriales como tapadera para financiar a la banda terrorista'. La alusión al entramado cultural de Batasuna, que mueve mucho dinero, en buena parte procedente de subvenciones del Gobierno vasco, fue clara.

Las pruebas que está recogiendo el Gobierno tienen como objetivo negociar en las condiciones más favorables posibles para sus intereses la fijación de los requisitos para entrar en la lista de organizaciones terroristas que los ministros de Justicia e Interior europeos tienen previsto elaborar en noviembre. A tal fin, el Ejecutivo está desplegando, en los últimos días, una importante ofensiva diplomática -incluso en EE UU- para explicar la complejidad de la red que configura el entorno de ETA. El Gobierno ve que ha ganado mucho terreno para hacer comprender en el ámbito internacional la amenaza de ETA, pero cree más complicado explicar las conexiones con el terrorismo de organizaciones alegales, como Gestoras Pro Amnistía o Segi, y de legales como Batasuna que incluso percibe subvenciones públicas. De ahí la fuerte ofensiva del Ejecutivo en el terreno diplomático y probatorio.

La lista de organizaciones terroristas de la UE debe aprobarse, en principio, en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior del 7 de diciembre, en la que también se prevé la de la orden europea de busca y entrega así como de la definición del delito de terrorismo.

Aunque la pretensión principaldel Gobierno, con la entrada en esa lista de organizaciones terroristas de las pertenecientes al entorno etarra, como Batasuna, no es tanto su ilegalización como el de 'bloquear sus bienes', también reconoce que, de admitirse su inclusión, pueden derivarse consecuencias jurídicas como la ilegalización.

Es más. La estrategia de Aznar es incluir al entorno etarra en la lista de la UE, de manera que si ello obliga a modificar la legislación española para ilegalizar a tales organizaciones, se hará, según fuentes gubernamentales. 'Pero será una consecuencia del cambio de actitud europeo tras el atentado del 11 de septiembre, y no una acción unilateral de España', señalan las mismas fuentes.

Esta estrategia supone un cambio respecto de la de los Gobiernos socialistas que intentaron la ilegalización directa y que chocó con el principio jurídico español de que los delitos los cometen los individuos y no las organizaciones.

La cuestión de la posible ilegalización es de una tremenda complejidad, según las fuentes gubernamentales consultadas, que, además, aún no tienen claro si éste es un tema que deben solventar los tribunales o corresponde al legislativo. 'Parece difícil incluir en una lista de organizaciones terroristas a una organización legalizada, como Batasuna, y tampoco está claro si esta cuestión la tiene que resolver el poder judicial o el legislativo. Todo está aún en estudio'.

El representante del PSOE en el Pacto Antiterrorista, Alfredo Pérez Rubalcaba, plantea muchas 'reticencias jurídicas y políticas', aunque admite que es un tema que debe abordarse en el marco de dicho pacto. 'Hay sentencias de los tribunales que no creen posible la ilegalización. Habría que ir, por tanto, a una modificación de la legislación'. El dirigente socialista cree aún 'más serio el problema político': '¿Cómo se puede ilegalizar una organización con 200.000 votantes?'.