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Los empleados de Santana fuerzan al comité a dejar la negociación hasta que el IFA suspenda los despidos

La Comisión Europea autorizará el martes las ayudas públicas al plan social

Los trabajadores de Santana que tienen que pasar a las empresas privadas han forzado al comité sindical a romper las negociaciones con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), dependiente de la Junta, propietaria de la factoría automovilística. Exigen que se retire el expediente de regulación de 451 empleos. El comité ultimaba un acuerdo, pero los trabajadores de Útiles y Componentes (empresa segregada de Santana en diciembre) exigieron una asamblea y rechazaron que siga la negociación. No todo fueron malas noticias: la UE autorizará el martes el plan social, informa Efe.

Esta situación ha dejado a los miembros del comité 'en una encrucijada', en palabras del representante de UGT Enrique Martínez. Trabajadores y sindicalistas no comparten la misma opinión, 'pero la asamblea es soberana y tenemos que hacer lo que nos diga', resaltó Martínez.

La próxima semana está prevista una reunión de los miembros del comité para analizar la nueva situación que se origina y para ver la marcha económica de la empresa, que según UGT es 'muy delicada' después de los últimos ejercicios cerrados con números rojos. 'Parece que no se quiere entender que también es necesario pensar en la situación de la empresa. No sé cómo podemos solucionar esto', reconoció Martínez.

Los trabajadores quieren que se quite el expediente de regulación de empleo para que puedan decidir, voluntariamente, quién pasa al sector privado y quién se queda en Santana. Con un expediente por resolver no habrá voluntariedad y los empleados afectados tendrán que ir necesariamente a las nuevas empresas que han comprado las líneas más rentables de la empresa automovilística. 'Esa es la cuestión, que ellos quieren elegir', explicó el representante de UGT.

El Instituto de Fomento de Andalucía de la Junta no quiso ayer hacer ninguna declaración sobre esta nueva situación. Fuentes de este organismo indicaron que no tienen constancia oficial de ninguna petición acerca de la retirada del expediente.

GarantíasLa Junta de Andalucía ofrece garantías económicas para los trabajadores que salgan de Santana y pierdan recursos económicos con sus nuevos puestos. También garantiza que todos los que dejen la empresa matriz tendrán un puesto de trabajo fijo. Todo esto iba a quedar recogido en un acuerdo que ahora se ha paralizado. Las negociaciones, como resaltó Enrique Martínez, han vuelto al punto cero. 'Ya creo que será difícil conseguir más ventajas, entre otros motivos por las fechas en que estamos, porque el plan se tenía que haber aplicado en octubre', comentó.

El comité de empresa podría volver a convocar movilizaciones, a pesar de que ellos mismos no están convencidos de que nuevas protestas pudiesen servir para que la dirección acepte ahora que el paso a las empresas privadas se haga de forma voluntaria.

'La postura de los trabajadores que están en Útiles y Componentes, que son los afectados por la privatización, es que o se retira el expediente o no hay más conversaciones. Nosotros tenemos que seguir su mandato', destacó el representante de UGT.

Santana, en este ambiente laboral, recibió una buena noticia. La Comisión Europea autorizará el próximo martes el plan social e industrial que fue presentado por la Junta, dijeron ayer fuentes comunitarias.

El plan de las autoridades andaluzas pretende que la fábrica de Santana continúe produciendo bajo licencia modelos Suzuki, además de los nuevos modelos propios como el PS-10.

La Junta de Andalucía presentó a la Comisión Europea el plan y los acuerdos alcanzados con los sindicatos el pasado 19 de febrero para ponerlo en marcha, destinados a reajustar la plantilla y sanear las finanzas de la fábrica.

Este acuerdo supone el mantenimiento del 38% del empleo de la fábrica, por lo que sólo 631 de los 1.652 trabajadores de la plantilla permanecerían en su empleo actual y 364 pasarían a empresas privadas.

El coste para la Junta de este plan se ha cifrado en 40.000 millones de pesetas, de los que ya se han desembolsado unos 9.000.

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