Veinte años de autonomía

La organización territorial de España ha sido uno de los problemas más abiertos de nuestra historia, que ha tenido algunos intentos aislados y casi siempre fallidos de solución; el más serio fue el de la Constitución de la Segunda República, de cuya aprobación se cumplen en el próximo diciembre 70 años y que, desgraciadamente, terminó pronto y mal; tenemos que esperar hasta la aprobación del Título VIII de la Constitución de 1978 para abordar una solución equilibrada y, sobre todo, consensuada del problema, de ahí el valor del texto constitucional, que ha servido para resolver no solo nuestra convivencia democrática sino también la articulación territorial de España.

Desde los inicios de la transición democrática se era consciente de que en Andalucía existía un clima favorable a la consecución de la autonomía; sin embargo, el caso de nuestra Comunidad era atípico, pues no pertenecía al grupo de las denominadas Comunidades históricas que, además de sus singularidades lingüísticas y/o culturales, habían tenido, durante la II República, Estatutos de autonomías e instituciones de autogobierno, lo que les garantizaba el acceso rápido e inmediato al nuevo modelo autonómico diseñado en la Constitución, pero, al mismo tiempo, el peso de Andalucía en el conjunto de España, tanto geográfico como demográfico y cultural y el hecho de no haber tenido Estatuto de autonomía aprobado por pocos días, al declararse la guerra civil, así como la voluntad autonomista de los andaluces, propiciaron el salto de Andalucía al grupo de Comunidades de acceso rápido, por la vía del artículo 151 de la Constitución, aunque los Gobiernos de la época, no nos lo pusieron fácil.

El hito más importante de la transición andaluza y española fue el referéndum del 28 de febrero de 1980, que significó para Andalucía la consecución de la autonomía plena y cambió el signo de todo el proceso autonómico español. El inmenso apoyo del pueblo andaluz hizo que nuestra autonomía fuera la más sólidamente refrendada.

El Estatuto, aprobado el 20 de octubre de 1981, con menos concurrencia popular que el 28 de febrero, por razones lógicas, -era la culminación de un largo y dificultoso proceso que duró demasiado tiempo-, fue el instrumento que permitió el cambio del ciclo histórico en Andalucía; el que nos iba a permitir salir del subdesarrollo económico, poner fin al analfabetismo de hombres y, sobre todo, mujeres y acabar con la emigración de tantos andaluces como habían tenido que salir de su tierra. A partir del Estatuto comienza un proceso de modernización de nuestra sociedad en el que todavía estamos.

Hoy podemos afirmar sin riesgo de equivocarnos que el progreso económico y social de Andalucía ha sido una realidad y que todos los indicadores muestran la profunda y positiva transformación operada. Esto no quiere decir que no tengamos problemas ni retos que seguir afrontando; vamos a una nueva época marcada por la inminente llegada del euro y la ampliación de la U.E. y tenemos que saber abordar, por ejemplo, el problema del envejecimiento de la población andaluza que, de consolidarse las actuales tendencias demográficas, nos convertirían en una de las regiones más envejecidas de la U.E.

Se trata, pues, de que al conmemorar el 20 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la primera norma constituyente de nuestra Comunidad, abramos un debate en el conjunto de la sociedad para que profundicemos en las reformas que son necesarias, de cualquier naturaleza, incluida, si fuera precisa, la propia reforma estatutaria, para que se ahonde en el sentimiento identitario andaluz y se eviten los intentos de desvertebración de nuestra tierra y para que alcancemos ese consenso básico, -hoy tan lejano- y que nunca deberíamos haber abandonado, sin sacralizaciones de ningún género. La reforma o no del Estatuto solo será la culminación de un debate abierto, que se concluirá cuando se constate la necesidad de la reforma, aunque no es difícil pensar que un texto nacido en unas circunstancias determinadas y para unos objetivos concretos, puede requerir de modificaciones que sirvan para resolver el nuevo contexto político, económico, cultural y tecnológico que estamos viviendo.

Apostilla: No sé cuales serán las conclusiones que se obtengan del debate abierto sobre la posible reforma estatutaria; solo sé que cambiar algunas cosas 'esenciales' es necesario dada la transformación de la sociedad andaluza; por ejemplo, modificar la letra del himno de Andalucía, obra del padre de la patria andaluza Blas Infante, en aquella parte que dice: 'los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, hombres de luz que a los hombres alma de hombres le dimos'. ¿Y que hacemos las mujeres, que somos la otra mitad de la población andaluza?.

Amparo Rubiales es vicepresidenta del Congreso de los Diputados.