Uzbekistán tiene 7.500 presos islámicos

En una choi-hona (casa de té) de la ciudad uzbeka de Kokand, en el valle de Ferganá, un ingeniero local que todavía habla bien el ruso relata cómo él y su familia han ido recuperando sus 'raíces islámicas' en una evolución que comenzó en la segunda mitad de los ochenta, cuando el dirigente soviético Mijaíl Gorbachov dio luz verde a la libertad religiosa.

Mi interlocutor, que no quiere ser citado por su nombre, lleva una tibeteika (un gorro cuadrado con superficie ligeramente piramidal) y sorbe té verde. Leyó el Corán en uzbeko cuando el libro sagrado fue traducido a ese idioma. Su esposa, que se había vestido siempre a la occidental, pasó a cubrirse la cabeza con un pañuelo, y sus dos hijas hicieron lo propio. El ingeniero se considera un musulmán tolerante y está satisfecho de haber profundizado en elementos de su cultura de los que fue privado por el sistema soviético.

De los cerca de 7.700 prisioneros políticos, unos 7.500 tienen un carácter religioso

La permisividad religiosa que caracterizó la época final de la Unión Soviética y los primeros tiempos tras la independencia, en 1991, se restringió ya a partir de 1992, cuando Islam Karímov, un antiguo jefe del partido comunista de Uzbekistán, consolidó su poder como líder del nuevo Estado. Desde entonces, y a lo largo de varias etapas, el régimen ha actuado de forma implacable contra toda corriente política o religiosa no controlada. Y lo ha hecho en nombre de la seguridad del Estado. El resultado ha sido la prohibición de los partidos de oposición y de todo movimiento religioso que no encaje en el islamismo apolítico y ritual promovido por el Estado.

Las mujeres cubiertas con pañuelos y mantones son frecuentes en Uzbekistán, pero no son bien vistas en la universidad. El ingeniero de Kokand cuenta que ha tenido que interceder para evitar que sus hijas fueran expulsadas de su centro académico por negarse a vestirse a la occidental.

Cerca de la terraza donde conversamos está la mezquita central de Kokand, hoy clausurada y convertida en comercio y museo. Su imam, Mohamad Razhán, fue condenado a 12 años de cárcel a mediados de los noventa.

Majbuba Kasímova, una activista de la Organización Independiente de Derechos Humanos de Uzbekistán (OIDHU), afirma que las autoridades utilizan a menudo los cargos chapuceramente inventados para prolongar las condenas de los activistas islámicos como se hacía con los disidentes soviéticos. Anvar Iunúsov, uno de los líderes democráticos de Ferganá a principios de los noventa, fue condenado a cuatro años por gamberrismo en 1994 y, ya en la cárcel, a 20 años más por formar un 'grupo terrorista', dice su esposa Jursanai, madre de cinco hijos. Jursanai y el hijo de Mohamad Razhán se quejan de que a sus parientes se les prohíbe rezar en la cárcel.

El Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU), Hizb ut Tahrir y los wahabíes son las principales organizaciones contra las que luchan las autoridades uzbekas. El MIU, que es originario de la región de Ferganá, tiene a sus líderes en el exilio o en la cárcel, tras ser responsabilizado por los atentados terroristas perpetrados en Tashkent en febrero de 1999. Por aquellos atentados, que causaron una quincena de víctimas mortales, han sido condenadas un centenar y medio de personas (varias, ejecutadas ya).

Por su parte, Hizb ut Tahrir, una organización radical fundada en Jordania en los años cincuenta, ha creado una estructura clandestina piramidal que cuenta con varios miles de personas. Los wahabíes, a su vez, se dedicaron a construir mezquitas hasta que una nueva ley, aprobada en 1998, fijó criterios estrictos para el registro de organizaciones religiosas, y el número de centros religiosos, que había llegado a ser de 5.000, se redujo a 1.500 en todo el país, según estimaciones de la OIDHU. La ley prohíbe el proselitismo religioso, la educación religiosa privada y somete la libertad de culto a las exigencias de la 'seguridad nacional'.

De los 7.700 prisioneros políticos de Uzbekistán, según las estimaciones de la OIDHU, cerca de 7.500 son religiosos, y la mayoría de ellos han sido condenados por vinculaciones a Hizb ut Tahir.

De los 25 millones de habitantes de Uzbekistán, la mayoría son musulmanes, y musulmán era también el Estado que se proponía modelar Karímov tras la independencia en 1991. Por aquel entonces, en la ciudad de Namangán, considerada la cuna del islamismo uzbeko, existía una policía islámica de miles de personas. Sin embargo, el poder político percibió muy pronto el protagonismo de los islamistas en la vida pública y la independencia de las mezquitas como un desafío. Llegaron así los procesos con pruebas falsas y también las muertes de presos por palizas y torturas, que año tras año son denunciadas por los informes de la Organización Mundial contra la Tortura, Human Rights Watch y el Gobierno de EE UU.

Las autoridades se mantienen al corriente de la situación gracias a una red de informadores en las mezquitas y en las mahalas o agrupaciones de vecinos, que son instados a denunciar cualquier comportamiento que se aparte de la norma. En Ferganá, la policía investiga las relaciones de Noman Tashkandí, un personaje que, según una fuente local, financiaba mezquitas con fondos de Arabia Saudí. 'Ahora dicen que traía dinero de Bin Laden', señala la fuente.

Los 'emisarios' de Arabia Saudí con maletas de dólares son hoy una imagen del pasado, pero el islam está vivo en Uzbekistán. En Tashkent, que fue una ciudad multicultural en época soviética, las mujeres con la cabeza cubierta son numerosas. En el valle de Ferganá nos hablan de jóvenes que han huido a Afganistán para luchar junto a sus paisanos islamistas Zhuma Namanganí o Thohir Yudashev, y de mujeres que reclutan a jóvenes para la guerra santa. Es muy difícil saber qué grado de verdad hay en todos estos relatos, pero los enjambres de desempleados tras el desmantelamiento de las fábricas, y los salarios y pensiones de miseria, inferiores a 50 y 20 dólares mensuales, respectivamente, son un fermento social que busca una vía de expresión política o religiosa en Uzbekistán.