Economía marca el rumbo a las grandes superficies

La Ley andaluza de Comercio Interior, de 1996, es una de las normas autonómicas más jóvenes. Pero ya se ha quedado vieja. Representantes de la Consejería de Economía, la CEA y los sindicatos UGT y CC OO han redactado un borrador consensuado de reforma de la Ley, modificación que la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, quiere llevar al Parlamento andaluz en 2002. 'La presión para la transformación del comercio se ha incrementado en los últimos cuatro años', argumentó la consejera hace poco más de una semana al anunciar el próximo cambio legislativo y la aplicación de una 'moratoria' de un año en la concesión de licencias a grandes superficies para dar tiempo a que la Cámara discuta y apruebe los cambios.

Los promotores de grandes superficies no sólo se verán afectadas por la moratoria, que han recibido con abiertas críticas. De hecho, los cambios propuestos se centran casi exclusivamente en la regulación del gran comercio. La 'presión' a la que aludió la consejera se ha dejado sentir en el aumento de solicitudes de instalación y ampliación de grandes superficies (si en 1998 la Junta analizó 10 expedientes, en 2000 tuvo que decidir sobre 24). También han proliferado en estos años nuevas formas de comercio (establecimientos de descuento y de venta de restos de fábrica o factory). Y se ha intensificado la instalación de centros al borde de la barrera legal (2.500 metros cuadrados) que los catalogaría como grandes superficies y, por tanto, los obligaría a pasar el examen de la Junta. Sobre todo, en el extrarradio de las ciudades, en pequeños municipios donde la promesa de un gran proyecto empresarial empuja las decisiones de los ayuntamientos.

Para regular esta situación, que pone en la picota al pequeño comercio (que sostiene la mayor parte del empleo en el sector y garantiza la supervivencia de los cascos históricos), la Consejería de Economía ha optado por aumentar los controles administrativos. En las modificaciones propuestas, la definición de gran superficie es más rigurosa: el límite de 2.500 metros cuadrados seguirá siendo válido en municipios de más de 25.000 habitantes, pero se bajará a 1.300 metros cuadrados en poblaciones de entre 10.000 y 25.000 habitantes y a 1.000 metros cuadrados en pueblos con menos de 10.000 habitantes.

Además, el nuevo texto de la Ley también detalla los elementos de 'gestión común' que en la norma vigente convierte a un conjunto de establecimientos comerciales individuales en centro comercial: 'Acceso común desde la vía pública de uso exclusivo o preferente para los establecimientos o sus clientes, aparcamientos privados compartidos, servicios comunes para los clientes, imagen comercial común o perímetro común delimitado'. Con estas definiciones, el número de iniciativas que deberán someterse al permiso de Economía aumentará.

En la norma actual, las grandes superficies y centros comerciales solicitan al Ayuntamiento una licencia de apertura y es el Consistorio el que remite la documentación para que Economía elabore el informe preceptivo. La Junta pretende ahora que la Ley incorpore la obligación de que Economía decida sobre la concesión de una licencia comercial a las solicitudes de nuevas grandes superficies o centros comerciales 'previamente' a que los ayuntamientos culminen el trámite de las licencias de apertura.

En la tramitación de esta licencia comercial, la Consejería requerirá un informe del Ayuntamiento afectado sobre 'la adecuación de la instalación al planeamiento urbanístico y sobre la accesibilidad del establecimiento'. Si este informe fuese negativo se rechazaría la concesión de la licencia. También se pedirá un dictamen al Tribunal de Defensa de la Competencia. Ambos informes deben ser emitidos antes de tres meses.

Protección a los pequeños

En el trámite de concesión de la licencia, que tendrá una duración máxima de seis meses, ampliable a nueve (en la Ley vigente es de sólo dos meses), Economía también consultará con la Comisión Asesora de Comercio Interior (integrada por la Junta, municipios, agentes sociales y consumidores). Tras analizar estos informes, Economía decidirá conforme a unos criterios que se han visto ampliados en el borrador de la modificación. La propuesta es que pesen las 'medidas adoptadas por el promotor en orden a corregir el impacto que la instalación pudiera ocasionar al comercio establecido en su zona de influencia, fundamentalmente pequeños y medianos establecimientos, por medio de actuaciones de común interés' y también 'la contribución del proyecto al mantenimiento o expansión del nivel de ocupación laboral en el área de influencia'.

En los criterios de valoración para conceder una nueva licencia -y autorizaciones administrativas a los nuevos factory y establecimientos de descuento, regulados en el borrador-, la Junta deberá tener en cuenta, además, la adecuación de la solicitud al Plan Andaluz de Ordenación Comercial.

La elaboración de este plan también está prevista en los cambios propuestos a la Ley. Su objetivo sería 'ordenar la implantación de los equipamientos comerciales andaluces' y 'en particular' de grandes superficies, factory y establecimientos de descuento, de forma que 'el crecimiento de la estructura comercial se lleve a cabo de manera gradual y equilibrada'. Esto implicaría, según el borrador consensuado, la elaboración de un mapa con la evaluación de la oferta y la cuantificación de la demanda en cada zona comercial, así como la identificación de los 'desajustes'.

Este mapa, que definiría las zonas en las que habría cabida para nuevos establecimientos y aquéllas saturadas, se revisaría cada cuatro años, para incorporar los cambios en los hábitos de consumo, las formas de comercio y si se hubieran producido otros desequilibrios entre oferta y demanda. La revisión del Plan conllevaría la aplicación automática de una moratoria de seis meses en la concesión de licencias.