Aznar ante la guerra

SI EN LA NOCHE DEL 7 DE OCTUBRE muchos ciudadanos echaron en falta la comparecencia inmediata del presidente del Gobierno en televisión para informar del comienzo -a las 18.30, hora de Madrid- de los bombardeos en Afganistán, el aplazamiento hasta el jueves 18 del pleno monográfico del Congreso sobre el alcance de la participación española en la guerra (de acuerdo con la definición del presidente Bush) resulta inexplicable en términos parlamentarios. El programa del PP de 1996, tras criticar el mal funcionamiento de las Cámaras durante los Gobiernos socialistas, se comprometía a 'recuperar la posición central del Parlamento' para acercarlo a los problemas de la sociedad y revitalizar la democracia. Los once días de vacaciones parlamentarias tomados por Aznar desde el 7 de octubre confirman la escasa fiabilidad de los compromisos electorales; la comparecencia voluntaria -faltaría más- el pasado miércoles de los ministros de Exteriores y de Defensa ante una comisión conjunta del Congreso no logró tapar el absentismo presidencial.

El presidente del Gobierno comparecerá ante el Congreso, 11 días después del inicio de los bombardeos en Afganistán, para informar sobre los compromisos militares de España en el conflicto

El carácter secreto de los planes militares de Estados Unidos reduce los márgenes de Aznar para ampliar de forma significativa ante la Cámara las noticias dadas por los medios de comunicación: esa reserva informativa está plenamente justificada. Tampoco merece excesivas críticas que una potencia media como España no haya recibido de Washington el tratamiento privilegiado reservado a otros aliados: si algunos ciudadanos han sentido herido su narcisismo patriótico por ese agravio comparativo, la responsabilidad última recae sobre la tendencia megalómana del presidente del Gobierno a magnificar su influencia en el terreno internacional y a presumir de su 'amistad personal' con los líderes mundiales, tal y como sucedió durante la breve visita del presidente Bush a Madrid antes de iniciar de su gira europea.

El debate parlamentario de la próxima semana incluirá en su agenda cuestiones de política interior íntimamente relacionadas con la situación exterior. La arcaica fórmula sobre las atribuciones de la Corona utilizada por el artículo 63.2 de la Constitución ('Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, hacer la guerra y firmar la paz') es interpretada por una parte de la oposición como un mandato legal que haría exigible la aprobación por el Parlamento del envío de tropas fuera de las fronteras de España como Estado beligerante. Al Congreso también llegan los ecos de los sentimientos pacifistas de un sector de la población: para vadear esa caudalosa corriente, alimentada por afluentes de muy diverso origen (sus fuentes no son exclusivamente el aislacionismo o las críticas a Estados Unidos), sería recomendable prescindir de la estrategia -propia de Aznar- de fruncir el ceño, abroncar a los discrepantes y atribuirles ocultas motivaciones. La ampliación del consenso parlamentario y la cohesión de la sociedad española para afrontar el conflicto bélico exigen razones y argumentos, no regañinas y caza de brujas.

Por lo demás, la obligación de ayudar a desmantelar las redes del terrorismo islamista radical dentro de España no debería alterar el delicado equilibrio entre la seguridad pública y las libertades individuales. Aunque los inmigrantes de religión musulmana constituyan sólo una minoría (en torno al medio millón) de la población española, ya se han producido algunos casos de agresiones xenófobas; las medidas orientadas a garantizar el contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución a los miembros de la comunidad islámica (no sólo en Ceuta y Melilla) deben ocupar un lugar prioritario en la agenda del presidente del Gobierno y en el debate del Congreso. Sería una contradicción autodestructora de los valores democráticos que su defensa frente a la amenaza terrorista excluyese del ámbito protector del Estado de derecho a los muchos millones de musulmanes ajenos al terrorismo residentes en Estados Unidos y Europa.