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Reportaje:DEBATE

¿Es complicada la situación financiera de la Generalitat?

La deuda pública se ha duplicado en los últimos cinco años

Los valencianos arrastran una hipoteca conjunta que ronda el billón de pesetas. La deuda pública de la Generalitat Valenciana se ha duplicado en los últimos cinco años. La economía ha crecido a un ritmo del 4%, un índice muy considerable que, sin embargo, palidece en relación con el aumento de la deuda: la hipoteca, en vez de reducirse poco a poco, ha crecido en torno a un 16% anual. El Consell sostiene que ha invertido mucho para paliar las carencias en infraestructuras que arrastraba la Comunidad Valenciana. Pero cientos de colegios públicos, por ejemplo, todavía están por construir. Y por pagar. Surge una cuestión: ¿Es complicada la situación financiera de la Generalitat?

Los valencianos arrastran una hipoteca conjunta que ronda el billón de pesetas. La deuda pública de la Generalitat Valenciana se ha duplicado en los últimos cinco años. La economía ha crecido a un ritmo del 4%, un índice muy considerable que, sin embargo, palidece en relación con el aumento de la deuda: la hipoteca, en vez de reducirse poco a poco, ha crecido en torno a un 16% anual. El Consell sostiene que ha invertido mucho para paliar las carencias en infraestructuras que arrastraba la Comunidad Valenciana. Pero cientos de colegios públicos, por ejemplo, todavía están por construir. Y por pagar. Surge una cuestión: ¿Es complicada la situación financiera de la Generalitat?

Las finanzas de las administraciones públicas no pueden compararse con los balances de empresas privadas. Es sabido que las administraciones pagan tarde y mal, pero su solvencia se considera garantizada. Las cajas de ahorro, por ejemplo, no consignan en su capítulo de riesgos los préstamos concedidos a la Generalitat o a las corporaciones locales. Las administraciones no pueden figurar en las relaciones de morosos.

Desde luego, no es frecuente asistir a la quiebra de un Estado. Y, hasta la fecha no ha quebrado ninguna Comunidad Autónoma. Pero el volumen de obligaciones a largo plazo coarta la capacidad de acción de la administración, lo mismo que el recibo mensual de la hipoteca que pueda arrastrar cualquier particular limita su capacidad de gasto.

La solvencia de las arcas de la Generalitat corre cierto peligro si las hipotecas asumidas por la Administración autonómica siguen creciendo al ritmo actual, de acuerdo con un reciente diagnóstico de la agencia internacional Moody's que califica los riesgos de las inversiones particulares.

La deuda de la Comunidad Valenciana se ha duplicado durante los últimos cinco años de acuerdo con los últimos datos del Banco de España, referidos al primer semestre de este año. Si a principios de 1995 las deudas de la Generalitat suponían apenas un 6% de la riqueza que generó la economía valenciana, a finales del pasado mes de junio la hipoteca colectiva de todos los valencianos suponía casi un 10% del producto interior bruto de la Comunidad.

Ninguna comunidad autónoma mantiene un volumen de deuda tan alto en relación a su capacidad para generar riqueza. Galica (8,4%), Andalucía (8,3%) y Cataluña (8,1%) se encuentran a más de punto y medio de distancia respecto a la Generalitat.

Los tipos de interés vigentes en la actualidad permiten ciertas alegrías. Los recientes descensos aplicados por el Banco Central Europeo constituyen un alivio. Medio punto de bajada en los tipos de interés supone una reducción muy importante cuando la hipoteca asciende a un billón de pesetas.

Pero el problema de la deuda de la Generalitat es que parece crecer sin freno. Durante el último lustro, la hipoteca colectiva de todos los valencianos ha crecido una media del 16% anual. Una tasa muy superior al crecimiento de la renta, por eso se han invertido los indicadores que relacionan la deuda con el producto bruto en relación a otras comunidades.

El argumento oficial más socorrido para explicar el crecimiento sostenido de la deuda por parte del Consell ha sido la necesidad de invertir en infraestructuras para cubrir carencias históricas de la Comunidad Valenciana. El PP ha esgrimido siempre una mala negociación de la transferencia de competencias desde el Estado a la Generalitat para explicar que la Administración autonómica asuma gastos por encima de los fondos que venía recibiendo para gestionar servicios públicos.

El argumento es solvente, pero el nuevo modelo de financiación autonómica, que debía poner coto a tales desmanes, está directamente vinculado a la capacidad para generar riqueza. Pero el crecimiento de la riqueza ha venido siendo muy inferior al crecimiento de las obligaciones de la Generalitat.

El compromiso del Consell de construir los colegios necesarios para culminar el denominado mapa escolar de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, supondrá un gasto en torno a los 150.000 millones. Los pagos se han aplazado todo lo posible, pero, a la postre, la Generalitat tendrá que afrontarlos a través de nuevas deudas.

El gasto farmacéutico también crece muy por encima de los presupuestos anuales de la Consejería de Sanidad para pagar el coste de los medicamentos que se venden con receta.

La Ràdio Televisión Valenciana ha entrado en una senda de gasto que consolida un aumento anual de su deuda en torno a 15.000 millones de pesetas.

El etcétera es bastante largo. Y una pregunta flota en el ambiente. ¿Era necesario asumir semejante volumen de gasto público por parte de la Generalitat en un periodo de crecimiento sostenido de la economía valenciana?

Los expertos sugieren que las administraciones deben intervenir en la economía cuando los particulares se muestran más reticentes a gastar. Pero el Consell que preside Eduardo Zaplana ha gastado por encima de sus posibilidades cuando los particulares invertían con alegría.

El Gobierno central predica ahora la estabilidad presupuestaria y el rigor en las cuentas. Incluso impulsa una ley al respecto para garantizar que gobiernos regionales y locales no gasten por encima de sus ingresos.

La disciplina se impone, además, cuando se extiende un halo de incertidumbre sobre la economía mundial a raíz del reciente atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, tal vez el momento más adecuado para dilapidar un poco desde la Administración.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 14 de octubre de 2001