'Interrupción libre', pero en guetos y bajo vigilancia
Del grito se ha pasado a la sordina. Lejos de ser una criba, los tres supuestos admitidos permiten a cualquier mujer poner fin a un embarazo no deseado. Siempre que pueda pagarlo, dada la insuficiencia de la red pública. El 97,22% de las interrupciones realizadas en 1999 se practicaron para salvaguardar la salud de la mujer, mientras que el riesgo fetal sólo motivó el 2,47% de las operaciones. Estos porcentajes indican que una porción de mujeres ha hecho suyo el cuarto supuesto -el social- sin nombrarlo. Y que para adolescentes y mayores de 40 años el aborto ha pasado a ser un método anticonceptivo más, aunque extremo. Simplemente porque no usan ninguno: las primeras inician relaciones sin incorporar la contracepción a sus hábitos, las segundas confían en su baja fertilidad.
Pese a esta imagen de normalización las intervenciones siguen circunscritas a guetos clínicos privados. La desproporción entre los abortos realizados en 1999 en hospitales públicos (el 2,53%) y centros privados (el 97,46%) es elocuente. Un desajuste que nació con la ley y que en vez de corregirse se acentúa, ya que en 1990 las clínicas privadas efectuaron el 96,53% de los abortos, frente al 3,47 realizado en la red pública. Y, además, siguen lloviendo expedientes judiciales a médicos y mujeres.
Denuncias de divorcio
En primer lugar, por denuncias de ex novios y ex maridos a mujeres que abortaron con su consentimiento y a las que, al producirse la ruptura, tratan, según la diputada de IU Marisa Castro, de chantajear para lograr la custodia de los hijos. Y en segundo término por médicos ajenos a la intervención que detectan indicios de mala praxis. La mayoría de las denuncias no prospera y sólo una mínima parte acaba en juicio. Pero ante las diligencias, las mujeres son citadas a declarar y quedan señaladas. Lo privado se hace público de modo selectivo, como si fuera una rifa.'Urge regular la objeción en la red pública, con un registro que impida al inscrito practicar abortos por lo privado', afirma Carlos Aymerich, diputado del BNG. 'Es escandaloso que en Galicia sólo realice interrupciones un centro público de Ourense', añade. En Navarra ningún centro público asume abortos, pero las autoridades sufragan el desplazamiento de las interesadas a otras comunidades.
'No puede haber normalización con juicios y denuncias', dice Empar Pineda, directora de la clínica Isadora (Madrid). Pineda apuesta como IU, IC-Verds y el Bloque Galego por una ley de plazos. IU eleva a 16 semanas el tiempo establecido 'para dar cobertura sobre todo a las jóvenes, que al no tener periodos regulares tardan en descubrir su embarazo'. Otros grupos defienden plazos menores. De hecho más del 90% de las que abortan lo hace entre las 8 y las 12 semanas de gestación.
